En la nota remitida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, los familiares de Juan Ángel Napout le comentan que el connacional está preso y en delicado estado de salud en una prisión de Miami.

“Juan Angel fue condenado a una pena privativa de la libertad, pero no a estar privado de tener contacto cercano y permanente con su familia. Fue condenado por un delito no violento, que además fue su primera y única condena. A sus 65 años, se encuentra en una etapa de su vida en la que su salud y bienestar están en riesgo debido a las condiciones de detención y la distancia geográfica que lo separa de su familia. Su madre de 92 años que ya no puede viajar a verlo, hijos, nietos y todo su entorno social residen en Paraguay. La separación prolongada causa un sufrimiento emocional y un obstáculo significativo aún mayor para el ejercicio de sus derechos familiares”, refiere el escrito.

Un dato no menor es que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, la prisión en la que se encuentra ha experimentado un aproximado de 23 cierres prolongados, conocidos como “lockdowns”, durante los cuales se impusieron serias restricciones a la salida de los reclusos.

Sumado a los cierres, durante este período, las visitas familiares han sido suspendidas en varias ocasiones y, cuando se permitieron, se redujeron tanto en términos de duración como en la cantidad de personas que podían visitarlo (una hora cada 2 semanas a través de un plexiglass de 15cms, sin contacto, casi sin poder escuchar).

Como agravante, Juan Angel padece de cataratas desde el año 2020, y debido a la negligencia y falta de interés por parte del Buró de Prisiones, aún no ha sido sometido a la cirugía necesaria, según explicaron sus familiares.

Como resultado, se encuentra totalmente ciego en su ojo derecho, lo que le impide leer, ver la televisión y realizar actividades cotidianas. Además, sufre constantes jaquecas debido a esta condición no tratada.

Ante esta situación, las Cámaras de Senadores y Diputados de Paraguay se han hecho eco del trato inhumano y en mayo de este año emitieron declaraciones instando gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas urgentes y proporcionar la atención médica necesaria al compatriota.

“Esta falta de atención adecuada viola los derechos fundamentales a la salud y el trato digno, y es otro claro ejemplo de la falta de cumplimiento por parte de los Estados Unidos de las obligaciones establecidas en cuanto a derechos humanos y la Convención”, indicaron los familiares.

Hace más de un año y dos meses la República del Paraguay hizo una solicitud soberana y formal para el traslado de Juan Angel Napout de conformidad con la Convención, de la cual ambos países (Paraguay y Estados Unidos) son signatarios. La solicitud está actualmente pendiente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para ser estudiada por el IPTU (International Prisoner Transfer Program/ Programa Internacional de Traslado de Prisioneros), dependiente del DOJ (Departamento de Justicia, Oficina Asuntos Internacionales).

“Rogamos a la OEA emprender las acciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los prisioneros y sus familias en virtud de los principios establecidos en la Convención. Confiamos en que la OEA abordará esta situación para asegurar que se cumplan con los acuerdos internacionales firmados entre Estados Miembros”, subrayaron en su misiva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.