“Ocultan las cosas, pedimos que por favor termine esta injusticia y que se cumpla la Ley. Florencia Romero tiene que estar en la cárcel”, expresó Lucía Godoy, madre de la joven atropellada Natalia Godoy, a la radio Universo 970 AM.

La mujer manifestó que lo único que desea la familia es que se haga justicia en nombre de su hija, también que el hecho sirva de ejemplo para que no ocurra una situación similar donde se pierda una vida por culpa de un ebrio al volante.

En cuanto al paradero de Florencia Romero, indicó que el fiscal Itálico Rienzi no tiene conocimiento en qué cárcel se encontraría la imputada. En tal sentido, explicó que la abogada representante de la familia, Carolina Arias, solicitó la constitución de un juez mediante una orden judicial en la penitenciaría de Ciudad del Este a fin de corroborar si la misma se encuentra recluida en dicho penal.

“Comprobamos que en la Penitenciaría de San Pedro jamás estuvo presa Florencia, y cuando reclamamos a las autoridades cayeron en muchas contradicciones”, afirmó.

Cabe recordar que Florencia Romero iba al mando del vehículo que atropelló a Natalia Godoy (29) mientras la misma se encontraba aguardando un ómnibus en la parada. A raíz de la gravedad del accidente, la joven madre terminó falleciendo minutos después. La conductora fue imputada por homicidio doloso.

Traslado a la Penitenciaría de Mujeres de CDE

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó el pasado 4 de noviembre que Florencia Romero se encuentra recluida actualmente en la Penitenciaría de Mujeres de CDE. Alegó que inicialmente hubo una descoordinación con la Policía, ya que los agentes policiales la llevaron directamente a San Pedro sin autorización de Establecimientos Penitenciarios, siendo que la orden de Justicia era que vaya a Ciudad del Este, porque allí sí había espacio para guardar cuarentena.

“Inicialmente todos querían que vaya a Buen Pastor y eso sería lo ideal porque la causa está en Asunción, pero hoy allí tenemos cierre epidemiológico (por Covid)”, comentó además la Secretaria de Estado.

Levantamiento de cierre epidemiológico en el Buen Pastor

Finalmente, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado el 11 de noviembre sobre el levantamiento del cierre epidemiológico en el Penal del Buen Pastor.

“Con la recuperación de las mujeres contagiadas hoy se puede decir que el Buen Pastor está libre de coronavirus”, afirmó el Director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.