Para este sábado 7 de noviembre a partir de las 16:00 hs está prevista una hamburgueseada, organizada por la familia de Natalia Godoy. Así también, al día siguiente se prevé una tallarinada solidaria que lleva como slogan el hashtag #JusticiaParaNatalia.

Ambas actividades tienen como principal objetivo apoyar a los familiares de la joven fallecida, quienes últimamente vienen realizando diversas manifestaciones pacíficas con el fin de pedir que se haga justicia en el caso.

“Es mucho gasto el tener que movilizarnos de aquí para allá porque lamentablemente tenemos que hacerlo clamando justicia y para que las autoridades cumplan su deber como se debe”, expresó Lucía Godoy, madre de la víctima.

Sobre este punto, recordó las varias protestas que vienen impulsando, sobre todo en la zona de Asunción, y el más reciente viaje a la Penitenciaría Regional de San Pedro para corroborar si es que la conductora que atropelló a su hija realmente había sido derivada allí.

En cada una de estas convocatorias existen varios gastos que cubrir, principalmente en materia de combustible dado que los familiares y allegados de Natalia Godoy optaron por alquilar un colectivo para poder movilizarse con mayor facilidad.

En el caso de la hamburgueseada, el costo de cada hamburguesa será de G. 7.000, mientras que la tallarinada tendrá un precio de G. 13.000 el plato, con opción de llevar bandejitas de sopa a G. 5.000 y G. 10.000.

Las dos actividades se realizarán en la residencia de la familia Godoy, ubicada en la ciudad de Luque. Se prevé el envío de los pedidos a través de delivery para los alrededores.

Aquellas personas que deseen colaborar con la causa podrán escribir al número 0985 991 041 con Doña Lucía Godoy. Esto también incluye a quienes deseen hacer sus pedidos anticipadamente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.