En la Cámara de Senadores, los familiares de los abatidos en Capitán Bado brindaron este martes una conferencia de prensa para sostener que los fallecidos no formaban parte del grupo criminal. El miércoles 1 de mayo se realizó un operativo en Karapaí bajo el título de Operativo Romai, que dejó cinco fallecidos, seis detenidos, un herido y una docena de prófugos.

El contratista Marcial Sanabria manifestó que los abatidos eran sus compañeros que estaban construyendo una vivienda en el predio allanado por los agentes uniformados. “Nuestro objetivo era la construcción. Hace cuatro meses estuvimos en la construcción. Nosotros jamás tocamos armas”, refirió.

Confirmó que Roberto Portillo, propietario de la vivienda, lo contrató para construir lo que se presume que sería un laboratorio de drogas, según los investigadores.

“Nosotros vivíamos ahí porque era lejos ir a nuestras casas y volver. No sabía si había armas en el lugar, yo no llegué a ver. Nosotros no veíamos quién entraba o salía del lugar porque desde la madrugada nos íbamos a la obra y regresábamos de noche”, dijo, al momento de asegurar que su personal no portaba armas durante el operativo desplegado.

Perla Fernandez, madre de uno de los jóvenes abatidos, dijo que demandará al Estado por la ejecución de su hijo, ya que este recibió un disparo en la cabeza.

“Mi hijo no tiene ningún antecedente penal. A él lo llevaron (a la estancia) a hacer la parte eléctrica. Nunca usó arma”, comentó.

A su vez, la viuda de Pablo Javier Ocampos (otro de los fallecidos) también resaltó que su marido solo se encargaba de la albañilería y exigió que se practique la autopsia. “Puede que haya criminales entre ellos, pero inocentes no pueden pagar por eso. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer todo lo que corresponde y vamos a denunciar”, refirió.

RATIFICA ACTUACIÓN POLICIAL

Respecto a la situación que denuncian los familiares, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, reiteró en charla con la 970 AM que “los únicos inocentes eran los policías que participaron del operativo” y remarcó que los abatidos fueron los que dispararon primero. Esto se comprobó, según contó, mediante las pruebas de nitrito y nitrato que se practicaron a los cadáveres.

Señaló que los supuestos albañiles no quisieron entregarse ni bajar las armas, y disparaban sin tregua a los policías. “Los abatidos se enfrentaron a los policías. Nadie levantó la mano para decir me rindo. Los heridos fueron capturados, no es que se rindieron. Muchos se dieron a la fuga”, esgrimió.

Argumentó que todos los que estaban en el establecimiento prestaban un servicio al Comando Vermelho, ya sea con trabajo sucio o de albañilería. “Si vas a la casa del líder de las Farc, tenés que ser de confianza para que te permitan entrar”, comparó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.