Liz Pamela Molas, familiar de un paciente internado en el IPS Ingavi, comentó en entrevista con el canal Gen y radio Universo que el pasado domingo ingresó a las 11:59 al área de recuperación poscovid para alimentar a su padre, pero tuvo que esperar porque le estaban haciendo fisioterapia. En ese momento apareció la doctora Mónica Abente y le reclamó su presencia en ese lugar.

“Yo entonces le mostré el carnet que nos habían dado y que está a nombre de mi mamá. Nosotros solicitamos ese permiso antes porque una vez en dos horas no le daban de almorzar a mi papá. Cuando le mostré el documento, la doctora me arrancó esa autorización y me echó del lugar”, agregó.

Siguió contando que tras ser echada se contactó con su madre para avisarle que se quedaron sin el salvoconducto y ya no iban a poder alimentar al paciente. Luego llegó hasta el sitio esta mujer acompañada de otra de sus hijas y el amigo de esta.

Todos fueron nuevamente al lugar para solicitar explicaciones y es allí que la doctora, según puede apreciarse en videos grabados por los familiares, muestra un cartel que restringe la presencia de terceros en la zona de internación. “La doctora nos dijo que nos iba a explicar y que si queríamos podíamos grabar y entonces el muchacho (amigo de su hermana) comienza a grabar, pero el doctor (marido de la médica) se alteró y actuó de forma prepotente, tiró el celular del amigo de la familia. Luego la doctora es la que agarra y se apropia el celular. Incluso rompieron el celular. En ningún momento la doctora fue agredida”, agregó.

Por su parte su hermana Jessica Molas reclamó que el director del hospital crea en la supuesta mentira de los funcionarios de blanco. “¿Por qué los supuestos agresores insistimos que muestren las imágenes de las cámaras? En ningún momento la doctora cayó al suelo o se le agredió. Nadie le faltó el respeto y solo hubo forcejeo por el celular”, dijo.

La joven indicó que ya recurrieron hoy ante la Fiscalía para que proceda a la revisión de las cámaras de circuito cerrado.

“Nuestro mayor temor es que tomen represalias con nuestro papá, desde ayer no tenemos informes. Si algo le pasa, los únicos culpables serán ellos”, sostuvo en otro momento.

El amigo de la familia que sufrió cortes en el rostro y golpes en la cabeza también coincidió que la doctora no sufrió agresión durante el forcejeo. “El doctor es quien me tira al suelo y me patea. Nosotros no tenemos miedo a la verdad”, puntualizó.

Según las autoridades del Hospital Ingavi las cámaras de seguridad no apuntan hacia el sitio donde ocurrió el encontronazo por lo que es la palabra de la familia contra la de los doctores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.