A través de un comunicado, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) expresó su apoyo y solidaridad a las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, y en especial a la del joven Jorgito Ríos.

El grupo recordó que “sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay bienestar de la población, sin seguridad estamos condenados a la miseria, al atraso y al dolor. La violencia destruye la convivencia social, la vida y nuestras familias. Ella no es compatible con la forma de vida de los paraguayos, no es compatible con el trabajo, no es compatible con la inversión, que nos permitirá un mayor desarrollo, la felicidad y el bienestar de la gente”

También recuerda que la propia iglesia Católica hizo un llamado al saneamiento moral de la nación, por lo que pidió rescatar el trabajo duro, la solidaridad, la amabilidad, el “a buen tiempo”, la familia, la decencia, la paz, la verdad y la justicia.

“Si no hacemos algo, si no recuperamos las virtudes sociales, habremos fallado como sociedad al haber dejado degradar nuestros valores. Hoy vemos no solo nuestra integridad física en peligro por la delincuencia sino nuestro estilo de vida y nuestra cultura pacífica, así como nuestro sistema de convivencia republicano y democrático”, resalta.

Según el grupo, llegó el momento de reaccionar, de recuperar la confianza en nosotros mismos, exigiendo que nuestras autoridades den el ejemplo asumiendo la decisión política clara y unívoca de recuperar las virtudes mediante un trabajo honesto y trasparente coordinado entre los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público y las autoridades regionales y que produzca resultados efectivos.

Es hora que las FF.AA., la Policía Nacional y la FTC, apoyados por jueces y fiscales, resuelvan con éxito la lucha contra el flagelo del EPP y el ACA. Llegó la hora en que los esfuerzos institucionales se focalicen para devolver la tranquilidad al Norte del país, que la policía proteja a los ciudadanos de bien y capture a los delincuentes, que nos permitan trabajar y vivir en paz con nuestras familias y en armonía con nuestros vecinos en todo el país.

Pero también es hora que la Policía, la Secretaría Nacional Antidrogas y todos los organismos competentes para ello, nos saquen de la lista de los países de fácil tránsito y producción de drogas. Que los fiscales acusen con rigor y que los jueces apliquen la ley impidiendo que los bandidos, los corruptos, los tramposos, los lavadores de dinero, narcotraficantes y estafadores se paseen alegremente por las calles.

“Es hora de que gobernadores, intendentes y diputados sean parte de esta lucha frontal contra todo tipo de delincuencia y nos muestren con hechos (no retóricamente) de qué lado están. Necesitamos un Estado presente y eficaz en su tarea, no seguir financiando con trabajo y sudor uno inoperante e indolente. Para tener los resultados que reclamamos necesitamos que el Estado de Derecho sea una realidad y que, en consecuencia, todas y cada una de las instituciones del Estado se sometan a los dictados de la ley”, reza el escrito difundido.

Feprinco resalta que el 22% del territorio concepcionero es propiedad del Estado paraguayo, ocupado por desconocidos y controlados por bandas criminales. El tráfico de madera, la marihuana, las pistas de aterrizaje clandestinas y las bandas criminales que allí operan se apropiaron de la propiedad del Estado paraguayo ante su pasiva o cómplice actitud, permitiendo que la actividad habitual sea la delincuencia organizada.

“¿Qué pasa con las autoridades departamentales, con las municipales, con las comisarías, con los jueces y con los fiscales? No debemos ni podemos permitir que existan zonas liberadas o territorios reconocidos como tierra de nadie en Paraguay. Si existen es porque nuestras instituciones están fallando. Todos los ciudadanos, y en especial los medios de prensa, debiéramos señalar esto para buscar la mejor solución”, agrega.

Finalmente pide que vuelvan Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, y que sus captores sean juzgados y condenados por sus crímenes.

Tres niños de 3, 4 y 11 años de edad, respectivamente, acabaron siendo hospitalizados luego de sufrir una grave intoxicación en la zona de Alto Paraná.

Reportes de medios locales indican que los niños consumieron un producto elaborado a base de cannabis, lo cual finalmente provocó reacciones adversas en su organismo.

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Los menores fueron llevados primeramente al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego se dispuso su traslado al Hospital Pediátrico “Acosta Ñu” de San Lorenzo, a fin de recibir atención especializada.

Los menores de 3 y 4 años son los que se encuentran en más grave estado, ya que debieron ser intubados e internados en terapia intensiva, de acuerdo al informe divulgado por el Ministerio de Salud. Por su parte, el niño de 11 años recibió un lavado gástrico y se encuentra en evolución.

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La madre de los afectados también llegó a consumir el producto, por lo que -al igual que ellos- presentó complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por los profesionales del centro asistencial.

Los estudios laboratoriales dieron positivo a THC (componente psicoactivo de la marihuana), el cual sería uno de los ingredientes de los caramelos de goma que aparentemente consumieron los pacientes.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.