A través de un comunicado, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) expresó su apoyo y solidaridad a las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, y en especial a la del joven Jorgito Ríos.

El grupo recordó que “sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay bienestar de la población, sin seguridad estamos condenados a la miseria, al atraso y al dolor. La violencia destruye la convivencia social, la vida y nuestras familias. Ella no es compatible con la forma de vida de los paraguayos, no es compatible con el trabajo, no es compatible con la inversión, que nos permitirá un mayor desarrollo, la felicidad y el bienestar de la gente”

También recuerda que la propia iglesia Católica hizo un llamado al saneamiento moral de la nación, por lo que pidió rescatar el trabajo duro, la solidaridad, la amabilidad, el “a buen tiempo”, la familia, la decencia, la paz, la verdad y la justicia.

“Si no hacemos algo, si no recuperamos las virtudes sociales, habremos fallado como sociedad al haber dejado degradar nuestros valores. Hoy vemos no solo nuestra integridad física en peligro por la delincuencia sino nuestro estilo de vida y nuestra cultura pacífica, así como nuestro sistema de convivencia republicano y democrático”, resalta.

Según el grupo, llegó el momento de reaccionar, de recuperar la confianza en nosotros mismos, exigiendo que nuestras autoridades den el ejemplo asumiendo la decisión política clara y unívoca de recuperar las virtudes mediante un trabajo honesto y trasparente coordinado entre los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público y las autoridades regionales y que produzca resultados efectivos.

Es hora que las FF.AA., la Policía Nacional y la FTC, apoyados por jueces y fiscales, resuelvan con éxito la lucha contra el flagelo del EPP y el ACA. Llegó la hora en que los esfuerzos institucionales se focalicen para devolver la tranquilidad al Norte del país, que la policía proteja a los ciudadanos de bien y capture a los delincuentes, que nos permitan trabajar y vivir en paz con nuestras familias y en armonía con nuestros vecinos en todo el país.

Pero también es hora que la Policía, la Secretaría Nacional Antidrogas y todos los organismos competentes para ello, nos saquen de la lista de los países de fácil tránsito y producción de drogas. Que los fiscales acusen con rigor y que los jueces apliquen la ley impidiendo que los bandidos, los corruptos, los tramposos, los lavadores de dinero, narcotraficantes y estafadores se paseen alegremente por las calles.

“Es hora de que gobernadores, intendentes y diputados sean parte de esta lucha frontal contra todo tipo de delincuencia y nos muestren con hechos (no retóricamente) de qué lado están. Necesitamos un Estado presente y eficaz en su tarea, no seguir financiando con trabajo y sudor uno inoperante e indolente. Para tener los resultados que reclamamos necesitamos que el Estado de Derecho sea una realidad y que, en consecuencia, todas y cada una de las instituciones del Estado se sometan a los dictados de la ley”, reza el escrito difundido.

Feprinco resalta que el 22% del territorio concepcionero es propiedad del Estado paraguayo, ocupado por desconocidos y controlados por bandas criminales. El tráfico de madera, la marihuana, las pistas de aterrizaje clandestinas y las bandas criminales que allí operan se apropiaron de la propiedad del Estado paraguayo ante su pasiva o cómplice actitud, permitiendo que la actividad habitual sea la delincuencia organizada.

“¿Qué pasa con las autoridades departamentales, con las municipales, con las comisarías, con los jueces y con los fiscales? No debemos ni podemos permitir que existan zonas liberadas o territorios reconocidos como tierra de nadie en Paraguay. Si existen es porque nuestras instituciones están fallando. Todos los ciudadanos, y en especial los medios de prensa, debiéramos señalar esto para buscar la mejor solución”, agrega.

Finalmente pide que vuelvan Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, y que sus captores sean juzgados y condenados por sus crímenes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.