El proceso de negociación y la búsqueda de alternativas continúa desde la Municipalidad de Asunción y las familias damnificadas ubicadas en la plaza del Cabildo, afirmó Mario Ferreiro, intendente de Asunción en contacto con Radio UNO.

“Hicimos una propuesta concreta que están considerando, siempre buscando la salida pacífica. La efectivización de un desalojo puede tomar semanas porque es un procedimiento que se realiza por etapas”, afirmó.

Aseguró que fueron precautelados los intereses patrimoniales de la plaza y que no fue una decisión de la Intendencia la ocupación sino fue una situación de emergencia ante la rápida crecida del río.

“Estamos en esa situación, hablamos con las familias y algunas comienzan a irse a otros lugares. Mientras, conseguimos un patio al aldo de la PMT, para algunas además preparamos el territorio en el Parque Caballero y el Área de Refugio y está todo a disposición desde la logística”, agregó.

Calificó de “compleja” la situación porque se trata de 10.000 desplazados de lo que en principio se esperaba fueran 5000 y que el municipio cuenta con recursos limitados y que al aumentar la cantidad de afectados no se podría asistir sin el concurso de la SEN.

Ferreiro estimó que para fines de abril se espera que el río al menos deje de subir, se estacione y luego vendrá el momento de salida y retorno de la gente, lo que llevará unos tres meses. “Aproximadamente hasta junio será la situación real de la ciudad, no estaba previsto que suba el río este año, según expertos hasta tendríamos sequía y ocurrió esto luego de 48 años”, explicó.

Solución definitiva, aún no

El intendente Ferreiro explicó que las soluciones habitacionales están teniendo un inicio para que sea algo concreto. “Hay que explicarlo bien, tenemos tantas tensión social que la gente se ilusiona que con esto termina el problema pero no, con esto se inicia el proceso de solución definitiva al problema”, aclaró.

Destacó que esas 1000 familias que se encuentran en el barrio San Francisco hoy estarían en el agua si ese lugar no existiera. “Necesitamos 24 barrios San Francisco más y hoy esa gente estaría en la plaza pero están en un lugar seco y seguro, con las correcciones que de seguro hay que hacer”, indicó.

Sobre las 5000 viviendas como alternativa para estas familias de los bañados, Ferreiro adelantó que “están a full” con el ministro Dany Durand y el proceso lleva tiempo porque existen muchos requisitos jurídicos y administrativos que se deben cumplir.

“Ya luego de Semana Santa se formalizará un convenio para la hoja de ruta para transferir los terrenos porque hacer ese trámite es delicado y se hace a través del a Junta Municipal y en eso estamos bastante de acuerdo, es la buena noticia”.

Para el Bañado Norte serían 2000 viviendas; Bañado Sur y Tacumbú otras 2700 y en Bozzano otras 800. “En estos estos casos las negociaciones están encaminadas para abril”, añadió.

Ferreiro cree que con los avances que se tiene, los próximos intendente y presidente tendrá el tema solucionado.

“Todos sabemos que es imposible hacerlo sin el tiempo y los procesos, préstamos internacionales, donaciones como la de Taiwán, para el caso de Bañado Tacumbú ya está instalado el tema con el BID y Chacarita con el Banco Mundial y existen acuerdo firmados con el presidente de la República”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.