La Ley N° 5295, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, promulgada en setiembre de 2014, establece que el delito se da cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.

Además la ley aclara que las “organizaciones no gubernamentales que reciban aportes del Estado paraguayo, a través del Presupuesto General de la Nación, quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.

Consultado al respecto, el director eje­cutivo de Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, explicó que la ley antinepotismo incluye a las ONGs en la función pública cuando reciben dinero estatal. Sin embargo, sostuvo que la Contraloría General de la República deberá analizar el caso del CIRD, de modo a evaluar si se aplica o no esta normativa.

“Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo”, dijo el activista por la transparencia. A esto se suma la nueva ley de declaración jurada y de conflictos de intereses (que se aplica al sector público y privado). De esta manera, según refirió, aquel que recibe dinero del Estado, está sujeto al escrutinio público, tanto de la prensa como de la ciudadanía.

No obstante, el experto sostuvo que debe distinguirse sobre los aportes que recibe una ONG del Estado. Hay organizaciones que reciben aportes directos del Estado, para que cumplan su finalidad institucional, algunas dependen casi exclusivamente de este dinero, y la experiencia muestra que las mismas están vinculadas generalmente a los políticos, de acuerdo con Santagada.

En segundo término, según el entrevistado, existen las transferencias a las oenegés por una contraprestación de servicio, como consecuencia de un concurso o licitación. En este caso no se aplicaría la normativa en cuestión, aclaró.

Santagada remarcó que desconoce bajo qué modalidad se hizo el convenio entre CIRD y el Estado, por lo que quedará en manos de la Contraloría resolver si fue o no nepotismo, además de ver los procedimientos de contratación que se siguieron y si se cumplieron con los manuales de contrataciones (como el concurso de oposición) de los funcionarios.

A su parecer, este caso generará una jurisprudencia en la Contraloría sobre futuros hechos similares que vayan apareciendo, y de seguro lo resuelto será atendido por la justicia ordinaria.

CIRD CONTRATÓ A OPERADORES DE ABDO CON PLATA DE SINAFOCAL

De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la Unidad de Investigación de Nación Media, se evidenció que en la citada oenegé se realizaba la repartija de honorarios entre los integrantes del clan familiar de Agustín Carrizosa Gubetich, titular del CIRD, del coordinador anticorrupción Carlos Alcaraz de la ONG y otros allegados entre ellos varios operadores abdistas que rogaban votos por la propia exministra del Trabajo, Carla Bacigalupo en redes sociales.

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.

La rendición de cuentas de un proyecto de “Reacti­vación económica posco­vid revela la repartija de hono­rarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presi­dente del Centro de Informa­ción y Recursos para el desarro­llo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le trans­firió el Estado, a través del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafo­cal). Entre los privilegiados con­sultores también está el hijo del mediático consultor anticorrup­ción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Másciudadanía, menoscorrup­ción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.

El proyecto de reactivación económica poscovid fue lan­zado el año pasado por la entonces ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secre­tario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.

El objetivo marcado es la “capacitación y fortaleci­miento de mipymes y del Sina­focal, para promover el incre­mento del empleo formal y la posibilidad de que los benefi­ciarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reac­tivar su economía fueron los miembros del clan Carrizo­sa-Alcaraz. Según documen­tos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio especí­fico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carri­zosa Bradshaw, hija del presi­dente de la ONG.

Así también, se registran rei­terados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el pro­yecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.

La Fundación Down Paraguay prepara un material que verá la luz en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down.

“Tenemos el lanzamiento de una guía, que es sorpresa, tendrán que vernos en las redes, pero es un material fundamental para familiares, terapeutas, allegados a personas que tienen síndrome de down”, comentó la directora Cecilia Brusquetti, en un contacto con Hoy Digital.

A través de la cuenta en Instagram Fundaciondownparaguay, los interesados podrán acceder al contenido que será difundido en los próximos días. Otra opción es contactar al correo fundaciondownparaguay@gmail.com o el número de Whatsapp 0981 100 101.

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La guía fue elaborada por la psicoterapeuta Susan Wimpeney y el título de la obra es Guía de Crecimiento del niño y la niña con T21.

Paralelamente al lanzamiento de la guía, también se realizará la campaña “medias desiguales”, que busca concientizar sobre la importancia del trato digno y más inclusivo para estas personas.

“Lastimosamente estamos lejos, pero no podemos ser ingratos en decir que no se ha hecho nada, queda muchísimo por recorrer y por hacer”, contestó Brusquetti, ante la consulta de qué tan lejos estamos de una sociedad inclusiva con las personas con síndrome de down.

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Funcionarios de las direcciones de Mercados Zonales y Prevención contra Incendios (PCI) del municipio asunceno esta mañana llevaron a cabo tareas de control en el Mercado N° 4.

La tarea consistió en la verificación e inspección del funcionamiento de las bocas hidrantes que se encuentran ubicadas en el cuadrante del citado mercado municipal.

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Personal de la Essap acompañó esta visita, pudiendo constatar el estado en que se encuentran los hidrantes y si poseen suficiente presión de agua.

Dicha labor se llevó a cabo el marco del Plan de Acción de Prevención de Siniestros e Incendios en el Mercado 4, impulsado por la Municipalidad de Asunción.

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El director de Mercados Zonales, Víctor López, instó a los permisionarios y comerciantes del lugar a capacitarse para poder actuar en caso de ocurrir algún incendio.

Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones, la falta de mantenimiento o presión en los hidrantes fue un inconveniente para el combate efectivo a siniestros, tanto en el Mercado 4 como en otros puntos de la capital.

El intendente de Villarrica, Magín Benítez, calificó en entrevista con la radio 650 AM la obra como “un hecho histórico para Villarrica”, y destacó que “la gente ya no quería llegar a la terminal anterior, preferían bajarse antes de llegar”.

La nueva terminal será multifuncional, integrando espacios comerciales con el sistema de transporte de pasajeros y carga. La empresa encargada de la ejecución es Bogado Construcciones, con un contrato que establece un plazo de 15 meses para la finalización, sin reportes de retrasos hasta el momento.

“Con este ritmo de avance, la obra podría entregarse incluso antes de noviembre, siempre garantizando la seguridad y calidad de la construcción”, destacó el jefe comunal.

La terminal, que tenía más de 80 años de antigüedad, fue demolida en agosto del año pasado para dar paso a una infraestructura moderna y funcional. Según explicó la directora de Obras de la comuna, arquitecta Carmen Airaldi, ya se completaron etapas clave como cimientos, estructura de hormigón, albañilería general y contrapiso, y actualmente se trabaja en la estructura metálica y el techo principal.

La reconstrucción de la terminal fue postergada por más de 15 años, generando problemas de infraestructura y seguridad. Según comerciantes, la antigua edificación presentaba filtraciones de agua, grietas, hacinamiento y problemas sanitarios. Además, la inseguridad afectaba a los trabajadores nocturnos, con frecuentes robos en las casillas comerciales.

Mientras avanzan las obras, los comerciantes, agencias de viaje y taxistas operan en una terminal provisoria ubicada a 1,5 kilómetros de la original. “El movimiento comercial aquí es mucho menor, así que estamos con mucha expectativa de volver a nuestro lugar habitual”, comentó Cristian Barreto, trabajador de una agencia de viajes.