Un llamativo opera­tivo de “filtración” de documentos ofi­ciales vinculados a inves­tigaciones financieras fue colgado en un sitio web de una oenegé. Entre los docu­mentos filtrados aparece uno que revela la estre­cha colaboración desde la Seprelad a un organismo del Gobierno norteamericano, donde se facilitaba infor­mación parcial y sesgada sobre actividades empresa­riales y vínculos del expre­sidente Horacio Cartes.

La organización sin fines de lucro, Distributed Denial of Secret, dedicada a la fil­tración y archivo de docu­mentos, publicó en su sitio web documentación rela­cionada a investigaciones generadas desde la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero que hacen refe­rencia al expresidente Car­tes.

La filtración incluyó docu­mentos de carácter confi­dencial y sin valor proba­torio acerca de los vínculos y actividades comerciales del expresidente Cartes. En total, la filtración consiste en 28 reportes de inteligen­cia financiera, totalizando unas 1.620 páginas.

Uno de los documentos filtrados por esta oenegé corresponde a un reporte de información de carácter “espontáneo” y confidencial enviado desde la Seprelad a la FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU., dedicada a la prevención del lavado de dinero y la salvaguarda del sistema financiero nortea­mericano.

Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 y filtrado el lunes pasado por esta oenegé fue remitido tres meses antes de que el Gobierno norteamericano diera a conocer en Paraguay una lista de personas decla­radas significativamente corruptas.

En el acápite del docu­mento se observa el carác­ter del mismo: “Informa­ción espontánea”. Este tipo de información de acuerdo a la legislación de Seprelad corresponde a un tipo de cooperación internacional que se da sin que exista un pedido previo por parte del país o agencia a la cual se remite la información.

De acuerdo a lo que esta­blece el “Manual de trata­miento de información” de la Seprelad en su anexo VII, la información espontánea es un tipo de cooperación internacional que se da “sobre la base de la recipro­cidad, identificadas opera­ciones que pudieran ser de interés de otras jurisdic­ciones, por comprometer de alguna manera su par­ticipación”.

En el mismo manual se establecen las reglas gene­rales sobre la cooperación internacional al decir que “se garantiza la confiden­cialidad de los datos y de las informaciones recibi­das, en el marco del estricto ámbito de inteligencia que rige para los pedidos de coo­peración como para sus res­puestas”.

Así también, las reglas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los infor­mes no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdic­cionales dentro de un even­tual juicio o en cualquier otra etapa de un debido pro­ceso”.

La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad es la que tiene a su cargo los informes de la cooperación internacional. Esta direc­ción fue manejada hasta enero de 2022 por Carmen Pereira, exviceministra de la Seprelad, y considerada cerebro de las filtraciones de documentos internos a medios locales.

En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques políti­co-mediáticos que socava­ron la institucionalidad de la Seprelad y otros organis­mos del Estado. Una inves­tigación de “La caja negra” reveló meses atrás docu­mentos y correos electró­nicos que dejaron al descu­bierto el esquema montado desde la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Seprelad para dirigir inves­tigaciones con fines polí­ticos y filtrar información confidencial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.