Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com

Ofuscado y con un tono amenazante se mostró en un grupo de Whatsapp el agente especial Carlos Francisco Chamorro Portillo, el mismo que prestaba servicio como investigador en la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) hasta que fuera descubierto mediante una investigación de Nación Media con su meteórico ascenso económico en un tiempo récord estando en cargo público.

Tanto él como su esposa Natalia Berenicce Bareiro, ambos asignados al SIU, son de modesto origen, y en 7 años en la Senad pasaron a los lujos. Chamorro y la mujer ingresaron en el 2015 a la función pública, el primero declaró un activo de G. 65 millones, mientras que ella el máximo patrimonio que tenía era un celular que en ese momento pagaba en cuotas.

Pero en el último año la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones. Esto equivale a un incremento patrimonial de 700% en relación con los consignados en sus primeras declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.

Esta serie de revelaciones que le costaron la desvinculación del SIU y reintegrarse a la base de la Senad, además de las evidencias fotográficas que muestran que estrenaron hace poco tiempo una camioneta Toyota Hilux modelo 2023, cuyo valor ronda los US$ 65 mil, motivaron que el agente especial realice un descargo en un grupo de Whatsapp donde se encuentran miembros de élite de la institución.

La Nación Investiga corroboró el mensaje y el número telefónico de Chamorro, que aparece con emojis de un corazón junto a las banderas de Paraguay y Estados Unidos, atendiendo que SIU es coordinado por una agencia de inteligencia extranjera.

USO DISCRECIONAL DE RECURSOS

Chamorro, en primer lugar, confirma lo que fuentes ya informaban, el tenso ambiente interno en la Senad. En su mensaje vía Whatsapp habla de tomar partido y empezar una guerra “política, social y laboral” al interior de la institución, aunque remarca que no ventilará los “trapos sucios”, sugiriendo la altísima corrupción que se maneja como secreto a voces dentro de la institución.

Por otra parte, saca al descubierto que dentro de la Secretaría Antidrogas se conforman grupos de “hermandad”, como una especie de logias internas, advirtiendo que buscará a los responsables que supuestamente filtraron sus datos. Datos, valga la aclaración, que se consignan en informes de carácter público a los que accedió el equipo de La Nación Investiga, a través de distintas instituciones.

Incluso, y lo que es aún más grave, advierte que ya recolectó datos de los que presuntamente ventilaron sus lujos, dicho que apunta a la utilización de recursos técnicos de investigación para invadir la privacidad de sus mismos compañeros, y del “culpable” de las filtraciones a la prensa.

DESCONTROL

Esto claramente demuestra que la administración de la ministra Zully Rolón se encuentra en un colapso total, pues mientras emite comunicados con el objetivo de amedrentar a la prensa para evitar que se revelen nombres de cuestionados agentes especiales, internamente en la institución se desata una guerra desmedida por presuntos hechos de corrupción.

A esto se le suma el peligro que representa para la seguridad nacional que agentes especiales se declaren guerras internas, siendo ellos quienes con una extralimitación de sus funciones utilizan elementos del Estado para una persecución cuyos alcances no pueden ser medidos, donde incluso pueden exponer a situaciones de alto riesgo a cualquier persona.

Fuentes fidedignas y plenamente identificadas explicaron a La Nación/Nación Media los pasos de cómo supuestamente buscan datos de personas para utilizarlos discrecionalmente, desde interceptar comunicaciones, seguimientos con rastreadores, y visitas interesadas.

Los datos tienen lógica considerando, por ejemplo, la serie de filtraciones de investigaciones a cárteles que también fueron evidenciadas por La Nación Investiga, como las ocurridas en el marco de la operación A Ultranza Py, donde incluso la organización criminal objetivo de pesquisa fue advertida de trabajos de interceptación de una narcoavioneta y de las escuchas telefónicas. Avisos clave, puesto que los presuntos capos del esquema narco, como Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset, hasta la fecha no lograron ser detenidos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.