El Crio. Jorge Olmedo, asesor del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, en entrevista con Radio Uno indicó que existe una creciente cantidad de denuncias sobre hechos de extorsión que se realizan bajo diversas modalidades, principalmente a través de las llamadas recibidas vía telefónica en las que los criminales advierten de que alguien de la familia va a ser víctima de sicariato o de un secuestro.

Según refirió, esta modalidad se viene registrando en esta temporada de noviembre y diciembre debido a la creciente actividad comercial por las fiestas de fin de año, lo cual redunda en un mayor circulante de dinero entre las personas, situación que es aprovechada por los extorsionadores.

El factor sorpresa es utilizado por los delincuentes para hacer caer a la víctima, afirmó el comisario Olmedo. Generalmente, logran crear un “corral psicológico” para tener presionada a la persona y luego empezar a hacer las exigencias. “Uno escucha un pedido de auxilio o en todo caso una voz de mando que hace los pedidos, a partir de ahí el extorsionador empieza a manipular”, acotó.

Si en la casa hay una persona que puede ser considerada como vulnerable, ya sea un adulto mayor o un adolescente, el jefe policial recomendó tomar los recaudos necesarios y tratar en lo posible de no dejarlos solos para que atiendan el teléfono, a fin de evitar que se pueda actuar de manera irracional.

“Ellos tienen su propio discurso con el que comienzan a apabullar como para que uno no pueda racionalizar lo que está pasando en ese momento, ahí uno debe decir ‘disculpe, no le escuché, me puede repetir de vuelta’, ahí el extorsionador comienza a repetir todo de nuevo y uno empieza a racionalizar más”, afirmó a la 650 AM.

Olmedo sostuvo que los extorsionadores van perfeccionando sus propias técnicas, llegando al punto de hacer caer inclusive a abogados, esto debido a que les brindan datos exactos que son reales y precisos, citando en algunos casos costos de honorarios.

“Siempre se debe ser un poco desconfiado”, recordó, por ello sugiere no proporcionar información a otra persona sin saber quién, sobre todo en lo que respecta a la actividad comercial que uno desempeña.

La información que suele ser proporcionada a través de redes sociales (principalmente en Facebook) es utilizada por los criminales para saber más acerca de la víctima y “armar toda una historia convincente”, expresó el Crio. Olmedo. Por ello, se debe filtrar qué tipo de datos serán dados a conocer de forma pública.

El monto que suelen exigir los extorsionadores generalmente oscila entre 2 y 3 millones de guaraníes -según detalló Olmedo-, suma un poco más accesible para la persona y que lo hace creer que puede librarse del problema, aunque realmente no sea así pues en realidad lo que se logra es “capitalizar a las organizaciones criminales” y hacer que uno se vuelva “cliente” ya que permanentemente continuarán las comunicaciones.

El agente del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional reveló que existen casos de personas que sistemáticamente fueron víctimas de extorsión, inclusive durante varios años.

Finalmente, instó a comunicarse con las autoridades pertinentes en caso de ser víctima de una extorsión y tomar todos los recaudos necesarios para evitar llegar a este punto, especialmente si se recibe la llamada de un número desconocido.

La Policía Nacional cuenta con una División Antiextorsión donde el ciudadano puede ponerse en contacto para pedir asesoramiento o realizar una denuncia de forma telefónica a través de la línea gratuita *377.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.