El diputado colorado Derlis Maidana mencionó que en las conversaciones dentro de la bancada de Honor Colorado se inclinan hacia el acompa­ñamiento de las modificacio­nes hechas en el Senado. Ade­más, Maidana mencionó que la postura aún no es oficial, atendiendo que primero man­tendrán esta mañana una reunión de bancada antes del inicio de la sesión para tomar una postura definitiva.

“Estamos para apoyar. Pero eso está sujeto a lo que hable­mos antes de la sesión, pero informalmente los colegas están a favor de aprobar la versión del Senado. Vamos a reunirnos media hora antes de afinar los últimos deta­lles”, manifestó el parlamen­tario.

Asimismo, indicó que están para acompañar la versión del Senado, teniendo en cuenta que se incluyeron varios cam­bios importantes.

“Estamos para acompa­ñar la versión del Senado, en razón que ahí se hicie­ron varias modificaciones importantes; por ejemplo, que la declaración de ingre­sos y gastos de campaña será realizada por el candidato al movimiento partidario y este, a su vez, eleva (al par­tido)”, mencionó.

Además, refirió que no tienen objeciones con la interven­ción del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

COLORADO AÑETETE

Mientras tanto, la diputada Jazmín Narváez, de la ban­cada de Colorado Añetete, también ya adelantó que tienen la predisposición de acompañar el proyecto de financiamiento político aprobado en el Senado. “Lo más probable es que sea en el mimo sentido. Nosotros no queríamos una ley que ponga palos a la rueda a los chicos y de paso a los gran­des. Una vez que nos envíen, vamos a analizar”, expresó la legisladora.

Ejecutivo promulgará la ley

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó que promulgará la ley de financiamiento político tal como aprobó la semana pasada la Cámara de Senadores. El mandatario mani­festó que si esta nueva herramienta va a sumar y fortalecer el combate al lavado de dinero, la promulgaría una vez que culmine el circuito legislativo.

“Una vez que culmine el proceso legislativo, nosotros vamos a analizar cuando llegue al Ejecutivo y vamos a promulgar si con­sideramos que es una herramienta más para la lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero y recuperar los activos”, expresó el jefe de Estado. Argumentó, además, que estos pro­yectos de ley se debaten y tienen diferentes articulados, y que como Ejecutivo van a esperar que culmine el proceso.

“Nosotros respaldamos la obligación de los candidatos a ren­dir cuentas durante la campaña electoral, con la supervisión del TSJE y la Seprelad”, significó el Presidente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.