Dysa Healthcare SA, empresa a la que se sumó en tiempos de pandemia el considerado “pulpo” de las licitaciones, hoy senador Luis Pettengill Vacca, dejó un oscuro precedente en un importante contrato de compra covid de 31 ventiladores pulmonares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por G. 8.116 millones. La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades con una facturación desmedida, ya que “la empresa adjudicada ofertó los equipos a un precio superior del 243 % con relación a los valores con los que ingresaron al país (esto incluye costo del bien, impuestos y honorarios del despachante”).

Del análisis se desprende que el costo de importación fue de G. 2.369 millones, lo que significa una diferencia de G. 5.747 millones con relación al contrato firmado con el Estado. Una arremetida ganancial similar al caso que involucra al clan Ferreira que en compras covid de Salud lucraron hasta 5 veces, mientras la población se desesperaba por la ola de contagios y decesos.

Según la Contraloría, el contrato de la adquisición de “ventilador pulmonar para contingencia covid-19″, adjudicada a Dysa Healthcare en abril de 2020 por el entonces ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, cotizó 31 respiradores a G. 262 millones cada uno, cuando 3 meses antes la firma proveyó el mismo tipo de equipamiento por G. 169 millones cada uno, es decir, vendió 30 % más caro en pandemia, esto sin presentar documento que explique el incremento, que según la auditoría, debió incluirse.

La Contraloría cuestionó que la oferta presentada por la empresa a la que en esos tiempos figuraba vinculado el actual senador Pettengill no era la más competitiva porque superaba los precios estándares de licitaciones, irregularidades como la mala elaboración del pliego de bases y condiciones, falta de documentaciones que acrediten especificaciones técnicas, etc. Sin embargo, en estas condiciones cocinaron el contrato en menos de 24 horas.

Pettengill figuraba con su nombre en documentos de la empresa y era parte del cuadro directivo en tiempos que se ejecutaba el mencionado convenio. Hoy día su identidad desaparece de los papeles; sin embargo, aparece la otra megacontratista del Estado, Ocho A SA con el 50 % de las acciones de Dysa, según documentos del Ministerio de Economía. Y aquí es importante señalar que el senador declara acciones en Constructora Paraná, que es a la vez accionista de Ocho A, según acta de asamblea del año pasado.

VÍNCULOS

Detrás de la cuestionada contratación, existen vínculos de parentesco y amistades. Gustavo Insfrán Florentín, hermano del entonces jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Walter Insfrán Florentín, es esposo de Antonella Cantero Hellmers, sobrina del accionista de Dysa Healthcare Ricardo Hellmers Fonseca. El caso había motivado una denuncia ante el Ministerio Público por parte de la diputada Rocío Vallejo y un grupo de colegas de la misma, pero el caso no avanzó.

Dysa Healthcare SA es un peso pesado de las licitaciones. Desde la incorporación de Pettengill (2020) la firma registra G. 318.471 millones en adjudicaciones. Esta es una porción de los G. 6.3 billones que amasó el “pulpo” y su clan familiar en contratos con el Estado en la última década.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.