Bruno Defelippe, esposo de la can­didata a vicepre­sidenta Soledad Núñez, es actualmente aspirante al Senado por la Alianza Encuentro Nacional. Junto a él también fue colocado por Núñez en la lista de postu­lantes su amigo Alejandro de Filippis. Ambos se pre­sentan al electorado como exitosos emprendedores que buscan ingresar a la arena política. Sin embargo, lo que no cuentan es que desde el sector privado vienen con­cretando jugosos acuerdos con el Estado paraguayo.

En el caso de De Filippis, este lo hizo de manera directa mediante participación accionaria en una empresa tecnológica llamada Horus, en tanto que el esposo de Soledad tendría sus injeren­cias a través de su familia. En ese sentido, “La caja negra” accedió a documentación referente a la participación de los accionistas y la plana directiva de la empresa, la cual se constituyó a finales del 2007 bajo el nombre de Horus Tek SA.

Según el acta de asamblea, en abril del 2011, de manera conjunta, Alejandro de Fili­ppis y Fabrizio Alfredo Defe­lippe Díaz de Espada, quien es hermano de Bruno Defelippe, pasaron a integrar esta socie­dad. El primero fue designado como director suplente y el segundo, como síndico.

En el 2012, De Filippis pasó a ser director titular y Defe­lippe siguió en el cargo de síndico. En el 2015, De Fili­ppis consiguió ser accio­nista de la empresa, mien­tras que el hermano de Bruno Defelippe trepó al cargo de director suplente. En el 2019, De Filippis ya pasó a ser presidente de la empresa Horus.

Grupo Horus SA es la empresa vinculada a los candidatos de la Concertación que se alzaron con millonarios contratos directos con el Estado. Llamativamente, nunca tuvieron competencias en los procesos licitatorios.

El cuñado de Soledad Núñez estuvo como direc­tor suplente hasta media­dos del 2021, desde ese entonces no apareció más en la nómina del directorio. A su vez, el amigo de Bruno Defelippe siguió un poco más en la empresa y figuró como accionista hasta principios del 2022, cuando dejó tam­bién la firma.

De acuerdo con el portal de Contrataciones Públi­cas, esta empresa consiguió adjudicarse diversas licita­ciones y contratos directos en distintos entes públicos, cuyo monto total asciende a G. 9.216.420.000 (US$ 1.296.005 al cambio actual).

De dicha cifra, la firma con­siguió contrataciones direc­tas por G. 596.420.000 para hacer capacitaciones, planes de comunicación, consulto­rías y aplicación móvil para instituciones como MIC, Copaco, MEC, Senave, Cona­cyt y la Agencia Nacional de Tránsito, respectivamente. De siete procesos que termi­naron con contratos direc­tos, en cinco fue la única empresa que presentó su oferta, lo cual hace sospe­char que las licitaciones se habrían hecho a su medida.

También logró un contrato por vía de la excepción por G. 790.000.000 para entre­gar lectores de documentos de viajeros a Migraciones. En este proceso, Horus también fue la única empresa que pre­sentó su oferta, la cual coin­cidía con el monto estimado que fijó la institución en su convocatoria.

Mientras que con las licita­ciones consiguió la suma de G. 7.830.000.000, entre las cuales resaltan dos jugosas adjudicaciones del Minis­terio de Trabajo, que datan del año pasado, ambas por valor de G. 1.200.000.000, respectivamente. Al igual que en los otros proce­sos, en ambos casos fue la única empresa que presentó oferta.

En la lista además aparece una licitación de Senave por G. 840.000.000 para la adquisición de software de facturas electrónicas, de la cual resultó adjudicada en febrero del 2020 la empresa Horus, la única oferente. En esa oportunidad, Ale de Filippis y Fabrizio Defeli­ppe tuvieron participación directa en el proceso de con­tratación de bienes, al figurar como representantes legales del Grupo Horus SA.

También el nombre de ambos aparece en otro contrato suscripto un año antes con Senave por G. 830.000.000 para una aplicación móvil de tránsito vegetal. Así tam­bién en este proceso licita­torio fue la única que pre­sentó su oferta, lo cual le allanó el camino para ser elegida. En otra licitación de la Fiscalía fue adjudicada con la oferta más cara. La empresa Winner SRL ofertó 637 millones y Horus pro­puso 900 millones. Final­mente, fue descalificada la propuesta más barata por carencia de documentos.

Estos datos públicos expo­nen el lucrativo negocio con el Estado paraguayo y la forma en que aparentemente el can­didato Bruno Defelippe se beneficiaría de esta empresa vinculada a él (a través de su hermano) y su amigo, el tam­bién candidato De Filippis. Pero el lucro no queda solo ahí, también se extiende a las organizaciones no guber­namentales. Una investiga­ción del Grupo Nación Media expuso cómo se financia Bruno Defelippe, conocido como el fabricante de oenegés.

A través de su empresa Koga SA, Defelippe presta servicio de consultoría en proyectos de empresas de base tecno­lógica, de las cuales en dos de ellas aparecen sus socios en otras oenegés (Alma Cívica y Sistema B). Por ejemplo, Agendia es uno de los pro­yectos al que figura vinculado Diego Sosa Maciel, cofunda­dor de Alma Cívica, la ONG creada por Soledad Núñez y su esposo. Así también Defelippe está al frente de la Asociación de Emprende­dores del Paraguay (Asepy), que constituye el brazo polí­tico con el objetivo de impul­sar fondos para emprende­durismo, elementales para las consultorías que pue­dan generarse en el lucra­tivo rubro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.