“Es un revés muy importante para la Fiscalía, esto viene a romper la seguridad jurídica por una cuestión que bien podía debatirse en una audiencia preliminar, entonces la Corte en una acción de inconstitucionalidad resuelve suspender todas las resoluciones por las cuales habilitaba la realización de una audiencia. Esto significa que el proceso penal cuya primera etapa culminó, tenía que desarrollarse la segunda etapa donde se hace la audiencia y nos quedamos sin eso. Sabiendo cómo funciona la Corte lo más probable es que esto no tenga una fecha y tengamos que estar expectantes, esto puede extinguirse o prescribir”, expresó el representante del Ministerio Público en conversación con radio UNO.

Espinoza insistió que esta situación no se da con todos los procesados, es decir, no existen precedentes de una decisión similar. Agregó que se interponen intereses personales por sobre los generales del país. “Es difícil para la Fiscalía litigar en estas condiciones porque todo lo que nosotros hacemos como órgano investigador queda en la nada. Lo más triste y que crea incertidumbre en los fiscales de Delitos Económicos que si se declara la prescripción o extinción vendrán denuncias de todos lados por haber hecho el trabajo”, declaró el fiscal adjunto.

Afirmó que el caso Filizzola abre una puerta enorme para que cualquier imputado solicite lo mismo., a la máxima instancia judicial. “Esto afecta de una manera sumamente negativa a la labor del Ministerio Público, consideramos que esto es una falta a la seguridad jurídica, eso no puede ser, es una vergüenza. Es sumamente grave, es incalculable el tremendo daño que la resolución le hace al sistema de justicia”, sentenció.

Abogados penalistas consultados por HOY sostienen que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es a todas luces una resolución de favor. La garantía de ser oído se cumple a través de la declaración indagatoria. El acta de imputación es una simple comunicación al juez de que existe una sospecha de la existencia de delitos y la participación del imputado y con eso se inicia formalmente el proceso.

El exministro del Interior está procesado por el desembolso de cerca de G 1.200 millones para la refacción de 24 comisarías del área metropolitana. Sin embargo, las obras nunca fueron ejecutadas, según la Fiscalía. En noviembre de 2010 la empresa Todo Verde Emprendimientos fue adjudicada para la “adecuación edilicia” de todas las comisarías capitalinas por un monto total de G 1.131.812.500. La licitación era para construcciones de baños para hombres y mujeres en las comisarías, además de celdas.

Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011 y debían terminarse en dos meses, excepto en la Comisaría 19°, donde se necesitarían tres meses para las construcciones. La empresa cobró la totalidad del dinero apenas dos días del inicio de las obras. Además de Filizzola, están procesadas otras seis personas, entre ellas, funcionarios de la institución pública y el propietario de la empresa adjudicada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.