Los procesados están identificados como Adriano Benites Lima (40), quien registra antecedentes por robo y narcotráfico; Andrés Núñez Silva (18) y Wilson Francisco Neto Pinto (31), quienes afrontan cargos por tentativa de homicidio, asociación criminal y producción de riesgos comunes. Los dos primeros resultaron heridos en un enfrentamiento posterior con agentes policiales y se encuentran internados en un centro asistencial bajo segura custodia policial.

El atentado ocurrió este 25 de abril, a las 08:10 horas, en la calle Felipe Molas López del barrio San Francisco de la ciudad de Juan León Mallorquín. Resultó víctima el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega (39), quien presta servicios como jefe en la Dirección de Investigación “Comando Tripartito” contra el crimen organizado.

Según el acta de imputación, el agente del orden circulaba por la referida arteria a bordo de su camioneta Toyota Fortuner, con chapa HBG 801, y faltando unos 20 metros para retomar la Ruta Nº 2, fue interceptado por una camioneta Hyundai Creta, de color gris, con chapa WHFU 683. En el interior de este rodado estaban los ahora imputados, quienes comenzaron a realizar disparos contra el vehículo de la víctima.

A raíz de esta situación, Ruiz Díaz Ortega descendió de su rodado y también respondió con disparos de su arma reglamentaria, hasta refugiarse en una vivienda cercana. Los atacantes seguían disparando hasta que se dieron a la fuga. Mientras, la camioneta del afectado, que estaba en marcha, fue a parar en una cuneta al costado de la ruta.

El jefe policial, quien salió ileso de la balacera, alertó a sus pares de la comisaría de la zona, quienes intervinieron en el lugar conjuntamente con personal de Criminalística de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los investigadores detectaron 13 impactos de bala en el parabrisas, dos en el guardabarros izquierdo frontal, un impacto de proyectil en el conjunto lumínico frontal izquierdo y otro en el capó frontal.

Posteriormente, los intervinientes iniciaron un rastrillaje y encontraron abandonada la camioneta utilizada por los supuestos criminales, en una zona boscosa. Luego, las 12:10 horas aproximadamente, los miembros de la fuerza pública localizaron a los presuntos delincuentes, en un sitio boscoso, entre la calle Paz del Chaco y Potrero Jardín del barrio Toma Tajy, a unos 12.000 metros de la Ruta Nº 2, de Mallorquín.

Allí, se produjo un enfrentamiento armado entre los policías y malvivientes, hasta que éstos fueron reducidos, dos de ellos resultaron heridos. Del poder de los mismos fueron incautados un fusil tipo M4, calibre 5.56 mm, con un cargador y tres chalecos antibalas.

En prosecución de la investigación, una comitiva fiscal-policial, en compañía del juez de Paz local, Héctor Pastor Ibarra, procedió a la inspección de un inquilinato, propiedad de la señora Regina Santacruz Franco.

En el sitio, los brasileños estaban alquilando una habitación por 200 mil guaraníes, desde el 2 de abril pasado, según manifestó la dueña. Desde esa vez, los sospechosos habrían estado siguiendo los pasos del policía con la intención de atentar contra su vida, aparentemente por encargo, según sospechan los investigadores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.