Fiscal imputado por coacción es ‘liberado’ por colega: “No representa peligro para la sociedad”

La fiscal Teresa Sosa formuló imputación contra el fiscal adjunto Patricio Gaona, denunciado por coacción sexual por una estudiante. Pese a existir indicios de que se cometió el abuso, la representante del Ministerio Público optó por no solicitar la prisión preventiva de su colega alegando la presunción de inocencia, argumento que no aplicó en otros casos.

En entrevista con la 970 AM, Teresa Sosa comentó que el fiscal adjunto Patricio Gaona fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de acoso sexual y coacción sexual en base a dos denuncias que habían sido realizadas por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), lugar en el que Gaona ejercía como docente.

“Se realizaron las primeras investigaciones que dan elementos que nos hacen sospechar la participación de Patricio Gaona, por ello se formuló imputación”, manifestó.

Debido a que el denunciado posee fueros por su cargo de fiscal adjunto, se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías que remita una nota explicando la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que estudie el tema y logre su desafuero, según explicó la agente fiscal.

Al ser consultada sobre el porqué no solicitó la prisión preventiva de su colega, argumentó que la persona imputada -en este caso, Patricio Gaona- goza del principio de inocencia hasta que se pueda probar la reprochabilidad en un juicio oral y público, lo cual hasta el momento aún no se concretó debido a que el proceso sigue en curso. Asimismo, sostuvo que dicha medida es excepcional en nuestro proceso penal.

“La regla es de que la persona sea sometida al procedimiento penal en libertad, por eso solicité medidas sustitutivas a la prisión preventiva que aseguren el sometimiento de Gaona al proceso a raíz de que el mismo posee arraigo”, explicó Sosa.

Otro de los argumentos que brindó durante la entrevista radial es que la expectativa de pena mínima en los casos de coacción sexual es de 6 meses y no de 5 años, motivo por el cual no se puede caratular como un crimen y, por ende, no es obligatoria la solicitud de esta medida.

“En Paraguay se abusa de la prisión preventiva sencillamente porque es más fácil, menos complicado explicar y razonar”, acotó la agente fiscal. “No podemos que significa un peligro para la sociedad, nosotros estamos iniciando la investigación, no podemos decir esto en el momento, recién lo vamos a conocer cuando se culmine esta investigación”, remarcó.

En contrapartida, se confirmó que el Consejo de la Facultad de Derecho UNA inició un sumario administrativo en contra de Gaona y lo suspendió en sus funciones como docente a raíz de la denuncia presentada por la estudiante.

APARENTE “CORPORATIVISMO” ENTRE COLEGAS

Un hecho llamativo en este caso es que la fiscal Teresa Sosa puso como excusa la presunción de inocencia para no solicitar la prisión preventiva de su colega, el fiscal adjunto Patricio Gaona, argumento que no aplicó en otros casos que le tocó atender anteriormente.

Uno de ellos data del año 2016 cuando Sosa presentó imputación por robo agravado y tentativa de robo agravado contra un hombre que fue detenido luego de supuestamente haber perpetrado un asalto callejero. En aquel entonces, el Ministerio Público solicitó al juzgado la prisión preventiva del imputado, pese a que aún no se había comprobado la culpabilidad del mismo en un juicio.

A todo lo citado anteriormente se le suma el hecho de que Gaona ya posee denuncias anteriores de casos de acoso sexual en las que habrían sido víctimas funcionarias de la Fiscalía de San Lorenzo, estudiantes de Derecho de Caacupé y Quiindy, así como varias otras mujeres que no trabajan en el Poder Judicial. A raíz de esto, la Inspectoría General del Ministerio Público había ordenado la apertura de una investigación sumarial en su contra.

Jueza se constituye en vivienda disputada entre una madre soltera y su exsuegra

La jueza de Paz Liz Lobo se constituyó este martes en la vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por la cual se disputan una madre soltera con dos hijos y su exsuegra, quien en un principio había regalado la casa a la mujer, pero ahora intenta dejarla en la calle.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

Advierten nuevo ingreso de sistema de tormentas para Asunción y gran parte del país

La Dirección de Meteorología emitió este martes un boletín en el que se alerta el ingreso de un nuevo sistema de tormentas que afectará a gran parte del país.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Papá moroso condenado a 2 años, desde ahora deberá estar inscripto en el Redam

El hombre recibió la condena de 2 años, con suspensión a la ejecución, por el plazo de 5 años en los que deberá pagar la suma de G. 400.000 mensuales. Inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) no podrá realizar escrituras públicas.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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