En entrevista con la 970 AM, Teresa Sosa comentó que el fiscal adjunto Patricio Gaona fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de acoso sexual y coacción sexual en base a dos denuncias que habían sido realizadas por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), lugar en el que Gaona ejercía como docente.

“Se realizaron las primeras investigaciones que dan elementos que nos hacen sospechar la participación de Patricio Gaona, por ello se formuló imputación”, manifestó.

Debido a que el denunciado posee fueros por su cargo de fiscal adjunto, se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías que remita una nota explicando la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que estudie el tema y logre su desafuero, según explicó la agente fiscal.

Al ser consultada sobre el porqué no solicitó la prisión preventiva de su colega, argumentó que la persona imputada -en este caso, Patricio Gaona- goza del principio de inocencia hasta que se pueda probar la reprochabilidad en un juicio oral y público, lo cual hasta el momento aún no se concretó debido a que el proceso sigue en curso. Asimismo, sostuvo que dicha medida es excepcional en nuestro proceso penal.

“La regla es de que la persona sea sometida al procedimiento penal en libertad, por eso solicité medidas sustitutivas a la prisión preventiva que aseguren el sometimiento de Gaona al proceso a raíz de que el mismo posee arraigo”, explicó Sosa.

Otro de los argumentos que brindó durante la entrevista radial es que la expectativa de pena mínima en los casos de coacción sexual es de 6 meses y no de 5 años, motivo por el cual no se puede caratular como un crimen y, por ende, no es obligatoria la solicitud de esta medida.

“En Paraguay se abusa de la prisión preventiva sencillamente porque es más fácil, menos complicado explicar y razonar”, acotó la agente fiscal. “No podemos que significa un peligro para la sociedad, nosotros estamos iniciando la investigación, no podemos decir esto en el momento, recién lo vamos a conocer cuando se culmine esta investigación”, remarcó.

En contrapartida, se confirmó que el Consejo de la Facultad de Derecho UNA inició un sumario administrativo en contra de Gaona y lo suspendió en sus funciones como docente a raíz de la denuncia presentada por la estudiante.

APARENTE “CORPORATIVISMO” ENTRE COLEGAS

Un hecho llamativo en este caso es que la fiscal Teresa Sosa puso como excusa la presunción de inocencia para no solicitar la prisión preventiva de su colega, el fiscal adjunto Patricio Gaona, argumento que no aplicó en otros casos que le tocó atender anteriormente.

Uno de ellos data del año 2016 cuando Sosa presentó imputación por robo agravado y tentativa de robo agravado contra un hombre que fue detenido luego de supuestamente haber perpetrado un asalto callejero. En aquel entonces, el Ministerio Público solicitó al juzgado la prisión preventiva del imputado, pese a que aún no se había comprobado la culpabilidad del mismo en un juicio.

A todo lo citado anteriormente se le suma el hecho de que Gaona ya posee denuncias anteriores de casos de acoso sexual en las que habrían sido víctimas funcionarias de la Fiscalía de San Lorenzo, estudiantes de Derecho de Caacupé y Quiindy, así como varias otras mujeres que no trabajan en el Poder Judicial. A raíz de esto, la Inspectoría General del Ministerio Público había ordenado la apertura de una investigación sumarial en su contra.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.