“El sistema judicial es un sistema frío, no político. Entiendo la ansiedad de la gente. No me guío por poderes fácticos”, dijo Osmar Legal a la radio 800 Am, al momento de pedir paciencia ante el deseo de celeridad en importantes causas judiciales que tienen como sospechosos a políticos y renombrados empresarios.

Una de las causas es la del luqueño Ramón González Daher, quien “tiene un poder económico muy importante”, según el fiscal. El investigador señaló que tiene tiempo hasta enero del 2021 para presentar su acusación contra el empresario imputado por usura y lavado de dinero.

La causa inició por oficio de parte de la fiscal Viviana Alcaraz, de acuerdo con el agente. “Nosotros trabajamos por dos casos de usura y lavado de dinero. Nosotros eventualmente demostraríamos que mucho de sus bienes devienen de préstamos usurarios. El lavado de dinero sería un hecho paralelo”, explicó.

Legal indicó que en esta causa fue recusado por segunda vez. Fue el nuevo abogado de González Daher, el exfiscal y exviceministro Hugo Volpe, quien presentó la recusación en su contra por falta de objetividad, animadversión contra su cliente y no realizar diligencias solicitadas.

“Alegó que solicitó diligencias que no se realizaron, siendo que se están realizando en el tiempo en que deban hacerse. Uno de los puntos es la pericia, pero no la puedo hacer todavía, porque tengo que analizarla bien. Eso es el sumun para el juicio. Apresurarme porque ellos quieren no está en mí. Esto (la chicana) es a solo efecto de apartarme de la causa y dilatar los actos investigativos”, aseveró.

CLAN FERREIRA

También está investigando al clan Ferreira en dos causas: una por el ingreso irregular de medicamentos de dudosa procedencia y otra por la fallida compra del Estado de los insumos médicos chinos para la lucha contra la pandemia.

Legal sostuvo que imputó por contrabando y asociación criminal a Patricia Ferreira (presidenta de Imedic), su padre Justo Ferreira, el despachante de Aduanas, funcionarios de Aduanas y el agente de cargo, entre otros.

Además sigue investigando a los integrantes del Clan Ferreira y los funcionarios de Salud por las irregularidades en la compra de los insumos médicos. Se evalúa lesión de confianza, estafa, intento de estafa, entre otros delitos.

CASO FRIEDMANN

Otro sonado caso es el del ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann, a quien en el 2018 un grupo de ciudadanos del Guairá denunció tras un informe de la Contraloría General de la República por su gestión como gobernador de Guairá.

“Yo me constituí en la Contraloría hacia finales del año pasado. Se trabajó en varias aristas, una de ellas el almuerzo escolar. Ahora surgen nuevos elementos que se hicieron de manera pública de parte de Hugo Torales (el prestanombre arrepentido que contó cómo Friedmann se hacía de dinero a costas del alimento escolar)”, mencionó.

También la defensa de Friedmann presentó acusación en su contra porque pidió informes al programa periodístico que hizo la nota al denunciante Torales.

DALIA LÓPEZ Y SUS MÚLTIPLES CHICANAS

También mencionó que la empresa Dalia López (procesada por el caso de Ronaldinho) sigue prófuga de la justicia. Contó que su defensa denunció a los fiscales ante la Unidad de Derechos Humanos por supuesto maltrato a uno de los procesados que hacía la gestoría de la empresaria, además los denunció por asociación criminal y los demandó en lo civil, como así también la defensa recurrió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.

“Lo que quieren hacer es apartarnos de la causa”, dijo al respecto el entrevistado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.