El fiscal José Luis Torres expuso ante el canal Gen que en su unidad recayó la denuncia que hizo el líder nativo Andrés Brítez Paniagua, de la comunidad indígena Yvypyte, de la etnia pái tavyrera, del departamento de Amambay. El mismo denunció, de manera breve, que los pastores de una iglesia evangélica invadían su comunidad para realizar cultos y solicitaban la suma de 50 mil guaraníes.

“El líder mencionó en su denuncia que los pastores evangélicos hacen reuniones con la comunidad y que ellos (los nativos) no quieren la presencia de esta gente en el lugar, no quieren que hagan cultos en su comunidad”, detalló.

El agente fiscal comentó que, con los datos que le acercaron, abrió la causa bajo la carátula de genocidio cultural y ultraje por motivo de creencia religiosa. Aseguró que por motivo de exceso de trabajo, no pudo constituirse in situ en dicha comunidad tras recibir la denuncia inicial y que como la señal telefónica es muy mala en la zona, tampoco pudo contactar con el denunciante para que amplíe su versión.

Torres comentó que luego, mediante las redes sociales y algunos medios de prensa, se encontró con la sorpresa del supuesto abuso sexual en niños que habría ocurrido en esa comunidad. “A mí no me llegó ninguna denuncia de abuso sexual. En la denuncia en sí no obra ese dato. No consta en la carpeta fiscal, no hay referencia alguna sobre ese hecho punible”, indicó.

Tras tener conocimiento del nuevo hecho denunciado, el agente del Ministerio Público –según contó- convocó a la perito indígena Digna Morilla, quien es otra lideresa de la comunidad Yvypyte, para que brinde su declaración testifical. De acuerdo con el fiscal, fue esta mujer quien expuso de manera escueta que hay menores afectadas pero sin brindar mayores datos sobre las mismas.

Ante las versiones que se manejan, el fiscal prometió hacer las diligencias para llegar al fondo de la cuestión. “Ahora estoy buscando a las supuestas víctimas de abuso para identificarlas y así corroborar lo denunciado”, expuso.

Esta mañana, Édgar Olmedo, presidente del INDI, indicó al canal Gen que a mediados de este año se hizo una denuncia por la violación de 10 niñas de la comunidad indígena Yvypyte, de la etnia pái tavyrera, del departamento de Amambay. Según sus líderes, las menores de edad fueron embarazadas por los pastores evangélicos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.