Este mediodía se desarrolló una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado, encabezada por fiscales y autoridades policiales a cargo de la investigación sobre el fatal tiroteo registrado en el anfiteatro de San Bernardino.

La fiscal Alicia Sapriza manifestó que Alcides Villasboa Peralta es una persona ligada al narcotráfico en Pedro Juan Caballero y habría actuado como instigador del asesinato de Marcos Rojas Mora durante el festival Ja’umina Fest.

Los datos recabados por la Fiscalía dan cuenta de que Villasboa le estaba adeudando dinero a Rojas por una carga de droga entregada y por ello le estaba requiriendo el pago, confirmó.

“Marcos Rojas solicitó apoyo para que (Villasboa) pague la deuda, no es que ordenó su muerte”, sostuvo Sapriza. En este caso, el pedido de apoyo habría sido realizado al grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) del cual formaba parte, según los informes que se manejan.

Esta exigencia habría molestado a Alcides Villasboa, quien planificó el atentado en el que se dio muerte a Marcos Rojas contratando a una persona para ejecutar el tiroteo, señalaron durante la conferencia de prensa.

En el caso del suboficial Junior Peralta, los investigadores cuentan con elementos técnicos y científicos que indican que el mismo habría tenido participación activa en los hechos del domingo pasado, indicó el fiscal Federico Delfino. En este caso, el mismo habría estado en las inmediaciones del anfiteatro José Asunción Flores y habría trasladado al sicario que perpetró el tiroteo, propiciando así su fuga.

Por su parte, el fiscal Lorenzo Lezcano indicó que luego de hacer una investigación exhaustiva se pudo determinar que Marcos Rojas -sobre quien no tenían información alguna- estaba vinculado a una estructura criminal de tráfico de drogas que opera en la zona Central. El mismo se dedicaba a proveer cocaína, crack, armas, municiones y precursores químicos.

Igualmente, mencionó que las personas que se encontraban con Rojas en el camarote VIP durante el festival Ja’umina Fest son personas ligadas al “negocio de frontera”, en este caso, el narcotráfico. Entre ellos se encuentran José Luis Bogado Quevedo, quien resultó herido de bala en aquella oportunidad.

Según Sapriza, hay sospechas de que algún camarada del suboficial Peralta u otra persona civil habría colaborado con la fuga del sicario.

El fiscal Lezcano dijo que, teniendo en cuenta la declaración de los testigos, por ahora se presume que una sola persona fue quien realizó los disparos. Los resultados de balística también confirman que se utilizó solo un arma de fuego para perpetrar el ataque.

El reporte preliminar de criminalística indica que uno de los proyectiles que impactó por la humanidad de Marcos Rojas fue el que terminó quitando al vida a Cristina Aranda, según expresó el comisario César Silguero.

Los fiscales confirmaron que ya se identificó y ordenó la detención de otras personas que formarían parte de la estructura criminal. En estos momentos, la prioridad es ubicar al autor material directo de los disparos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.