Victoria Acuña, presidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, pidió que se esclarezca el hecho que involucra a la fiscal Brígida Aguilar y la empresa Tigo, y que se sancione si hay pedido indebido o si hubo falsificación de firma.

Este caso saltó luego de publicarse que la agente del Ministerio Público solicitó a la telefonía el extracto de llamadas de varios políticos, pero esto nada tenía que ver en los casos que investigaba. Sin embargo, tras saltar el escándalo, la propia aludida manifestó que su firma fue falsificada.

Acuña contó a la 970 AM que su colega se comunicó con ella para consultarle cómo actuar ante esta situación y que su recomendación fue que aclare lo ocurrido. También sostuvo que la afectada le aseguró que posee toda la documentación que la respalda en su versión.

“Es una situación muy grave. Es importante que la empresa telefónica aclare quién fue la persona que retiró esa información. Una vez más está en tela de juicio la credibilidad de la institución. Es grave, porque estamos cayendo en eso, siendo que nos cuesta luego conseguir información. Si caemos en la duda de si es un funcionario o no (el que pide la información), es algo muy grave para nuestra institución”, subrayó.

Acuña comentó que los fiscales están facultados a solicitar información pública y privada, solo dentro del marco del proceso, no en algún interés personal que tengan. Asimismo, reconoció que siempre encuentran trabas para conseguir el dato, especialmente en el ámbito financiero, por lo que con este caso “se le da la razón a la gente que no quiere dar información”. “Ninguna empresa va a querer estar en la situación de haber dado información a una tercera persona y no a la Fiscalía. ¿Cómo vamos a tener credibilidad si es que surge este tipo de hechos? ¿Cómo daremos seguridad a los ciudadanos que están siendo investigados?”, sostuvo.

En todo momento resaltó que el poner en duda la participación de un funcionario afecta a la institución y las facultades que poseen sus representantes porque son constantes los cuestionamientos que reciben.

Según La Nación, el 20 de octubre del año pasado, la fiscala Brígida Aguilar, de J. Augusto Saldívar, envió una nota a la empresa Tigo Para­guay, alegando investigacio­nes en una supuesta causa en la que una mujer denun­cia que un hombre le envía mensajes molestosos, a fin de obtener detalles de varios números telefónicos perte­necientes a conocidos políti­cos, abogados y empresarios.

En el referido escrito (ver fac­símil), pide a la telefónica extrac­tos de llamadas entrantes y salientes, como así también mensajes de texto, entrantes y salientes de los siguientes números (por seguridad omi­timos los números comple­tos): 0981.884… (Blas Llano) – 0981.402…(Luis Canillas) – 0985.126…(José Ortiz) – 0985.310…(Valerio González Gómez) – 0981.309…(Carmelo Caballero) – 0986.844…(Mau­ricio José Peruzzi Espínola) – 0981.448…(Royg & Asociados) – 0981.404…(José Fernández Paganetti) y 0982.118…(Raúl Fernández Lippmann).

Lo solicitado, dice el escrito, deberá comprender desde el mes de marzo del 2017 a la fecha del pedido que es 20 de octubre del mismo año. Incluso, la fis­cala señala que “el pedido es de carácter urgente y deberá ser remitido a la sede del Minis­terio Público o al correo ins­titucional: fiscaliaagustosal­divar@gmail.com o en mesa de entrada Tigo, a fin de que la funcionaria Silvia Noelia Velázquez, con cédula de iden­tidad número 3.813.721 (sic)”. Suponemos que le faltó com­pletar que Silvia era la persona que lo iba a buscar del local de la empresa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.