La acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro es por la comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor.

Su esposa, la exmodelo Marly Eliana Figueredo López, fue acusada por lavado de dinero en calidad de autora.

El primo del político guaireño, Silvio Alvaro Alfaro Bertolo, fue acusado por administración en provecho propio, lavado de dinero, en calidad de cómplice, y asociación criminal, en calidad de autor.

También la Fiscalía acusó a Lourdes González de Melgarejo, contadora de la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), por la comisión del hecho punible de administración en provecho propio, lavado de dinero, en calidad de cómplice, y asociación criminal en calidad de autora.

Por último, Eduardo Domínguez, ex secretario privado de Friedmann cuando este era Gobernador del Guairá, fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal.

El agente fiscal solicitó elevación a Juicio Oral en la presente causa.

Antecedentes

En cuanto a la hipótesis planteada por el Ministerio Público, ésta consiste en la existencia de un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Max Friedmann Alfaro, durante su administración al frente del Gobierno Departamental de Guairá, autorizó y suscribió, para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía (firma adjudicada por la Gobernación del Departamento de Guairá).

Mediante ese esquema montado por Rodolfo Max Friedmann Alfaro, se posibilitó a través del uso de esa persona jurídica (ESSA), el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma.

El contrato suscripto por Rodolfo Max Friedmann Alfaro, se celebró en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2.016 – ID Nº 301.888 “Adquisición de Almuerzo Escolar”, en cuyo llamado fue adjudicada la firma Eventos y Servicios S.A. Tal es así, que en relación a la Licitación Pública Nacional N° 03/2.016, se tiene que Rodolfo Max Friedmann Alfaro, sería quien controlaba y dirigía a la firma Eventos y Servicios S.A. (ES S.A.), adjudicada en el citado llamado y cuya calidad surgió de sus aportes de capital a dicha empresa, a fin de que la misma tenga la capacidad económica y financiera para presentar su oferta.

En ese sentido, a los efectos legales y para encubrir su participación como beneficiario final de las ganancias de ES S.A., ésta se adquirió con las acciones aportadas por el Sr. Hugo Alexander Torales y del actual Diputado Nacional, Ever Juan Aricio Noguera, en el mes de noviembre del año 2015.

El prestanombre: audio de Rodolfo Friedmann

Sobre la base de la información obtenida a la fecha de la imputación y conforme a las evidencias colectadas por el Ministerio Público a ese entonces, fue posible sostener de manera razonable la existencia de una estructura delictiva en la que los hoy acusados tuvieron participación concreta para el logro de su finalidad, el que consistía en la obtención irregular de ganancias a través de una empresa relacionada con el entonces Gobernador Rodolfo Max Friedmann Alfaro y a costa del presupuesto de la misma Gobernación del Departamento de Guairá.

Para la firma del referido contrato, la Gobernación del Departamento de Guairá, estuvo representada por su entonces Gobernador Rodolfo Max Friedmann Alfaro, en tanto, que la firma Eventos y Servicios S.A., estuvo representada para ese acto, por el actual Diputado Nacional, Ever Juan Aricio Noguera.

Rodolfo Max Friedmann Alfaro, siempre en su carácter de Gobernador del Departamento de Guairá, en fecha 16 de diciembre de 2.016, firmó la Adenda Nº 02 al Contrato Principal Nº 299/2016, ésta vez, con la finalidad de aumentar la provisión de raciones para almuerzos escolares y el valor del contrato inicial. Conforme a ello, junto con Ever Juan Aricio Noguera firmaron la referida adenda por la cual habrían aumentado a 62.084 (sesenta y dos mil ochenta y cuatro) raciones más de alimentos por un valor de Gs. 701.549.200 (setecientos un millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos guaraníes), por lo cual la Licitación Pública Nacional Nº 03/2.016 fue adjudicada a la firma Eventos y Servicios S.A. (ES S.A.) por un valor total de Gs. 16.154.525.200.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.