La agente fiscal explicó que el procedimiento obedece a una investigación que inició a nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre supuestas irregularidades en el sistema.

Según la denuncia, la jueza Tania Irún sería la responsable de ingresar al sistema para sacar una resolución, estando la misma con permiso de maternidad.

“Recibimos una denuncia sobre un supuesto hecho de acceso indebido a datos, que pudo ocurrir en el 2018 en el Juzgado Civil en lo Comercial del décimo cuarto turno. Necesitamos corroborar algunos datos de los usuarios que ingresaron al sistema”, expresó fiscal Silvana Otazú.

Sostuvo que hasta el momento no se sabe si fue la jueza Tania Irún la que ingresó al sistema o si otra persona lo hizo con el usuario de la magistrada.

Mencionó que el uso indebido fue para ingresar al sistema la sentencia jurisdiccional del Poder Judicial y pueda quedar en el expediente electrónico.

“Ella (la jueza) estaba con su permiso de maternidad y estaba siendo interinada por el doctor Hugo Becker, es para corroborar si existiría ese hecho punible de acceso indebido al sistema informático de ese juzgado. Es un expediente tramitado hace años”, afirmó.

Antecedentes

La jueza Tania Irún habría dictado un fallo judicial estando con permiso de maternidad, en el que se otorgaban unas 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en el Chaco a empresas extranjeras. Se estima que el valor del inmueble sería de GS. 500 millones de dólares aproximadamente, según los antecedentes.

Por ese motivo, la magistrada fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de prevaricato, debido a que la misma incurrió en varias irregularidades al hacer lugar a una demanda civil contra la Asociación Espíritu Santo, en la que obligó a transferir 310 mil hectáreas de tierra en Alto Paraguay, que están en la franja de seguridad territorial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.