Por Jorge Torres Romero

De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo de 2021, la fiscal asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz. 3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el Superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez; y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus Agentes Fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuerdan al Superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el exdirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.

Ante la negativa de la Superintendencia, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamericana (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El juez interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos en donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Por una cuestión investigativa, al fiscal no quiso hacer referencia al procedimiento teniendo en cuenta que todavía quedan varias diligencias pendientes.

ANTECEDENTES DEL CASO

El programa La Caja Negra (Unicanal) reveló el esquema utilizado por el banco Atlas y Leoz, tras acceder a un informe confidencial de auditoría que fue ordenada por la Conmebol. Según este documento, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones.

El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.

El mismo día Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.

En conjunto, con ambos fideicomisos Nicolás Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.

La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Comebol (el 07 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas.

Los contratos se celebraron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria del Sr. Nicolás Leoz.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.