La agente fiscal además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.

Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola,  Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, y evasión de aportes a la Seguridad Social.

A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.

Sobre la presunta venta de acciones, Dany Durand presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registos existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y  Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza.

A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.

También habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

La investigación da cuenta que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales, para adquirir vehículos, con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.

Se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.