En el marco de la causa llevada adelante por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta, en la cual fueron imputados 5 camioneros por presuntamente haber extorsionado al Ministro del Interior, la Fiscalía considera que todos los elementos colectados hasta el momento, ratifican la existencia del hecho punible de Extorsión.

Se trata de Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, quienes fueron detenidos tras un operativo de entrega vigilada en el cual recibieron la suma de 50.000 dólares americanos, como parte de un dinero requerido a cambio de supuestamente no realizar cortes de rutas que estarían de lo contrario excusados en la suba del combustible.

El fiscal Francisco Cabrera explicó al respecto que si bien es cierto el material obtenido en la entrega vigilada tiene que ser objeto de análisis y sopesar si existe justificación para que sea exhibido, los elementos del caso son bastante concretos y precisos en cuanto al pedido de dinero por parte de los ahora encausados.

Asimismo agregó, “de todas formas también hay que tener en cuenta que está prueba se tiene que valorizar, en forma armónica, con el resto de los elementos, la coyuntura social del momento, e incluso las manifestaciones que ellos venían haciendo en la prensa. Luego, ya conjuntamente con la grabación, sobre la cual en este caso estoy bastante seguro de que reúne los presupuestos del hecho punible”.

El representante del Ministerio Público señaló igualmente que el análisis primario del hecho indica que se configura solamente el hecho de Extorsión, luego se verá su corresponde también una imputación por coacción. La tentativa de pena por Extorsión sería de 5 años.

“El siguiente paso sería básicamente corroborar de forma externa, todo lo que se pudo evidenciar en la reunión, entonces se harán cruces de llamadas, extracciones de mensajes del WhatsApp de los teléfonos, y con relación al video seguramente vamos a mandar a Laboratorio Forense para que haga una limpieza de ese ruido de ambiente que tiene, y ya estarían reunidas las evidencias”, culminó el fiscal Cabrera.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.