El fiscal Jorge Encina, quien investiga lo ocurrido en un accidente de tránsito en Santa Rosa del Aguaray, indicó al canal Gen y radio Universo que en una investigación paralela se investigará el documento que habían proporcionado por intervinientes de la Comisaría 18 de la mencionada ciudad. Esta segunda causa estará a cargo de su colega Néstor Narvaez.

“El informe decía que fue un accidente sin grandes consecuencias y que el alcotest practicado el otro conductor dio negativo. Sin embargo, luego comenzaron a circular videos que presentan discordancias con lo que dice en el informe policial. Lo que se va a investigar es la veracidad o no de lo consignado en el documento. Por el momento se trata de una incoherencia por lo que puede verse en el video y lo que dice en el informe”, detalló.

Los hechos que no concuerdan, según citó el fiscal, son los siguientes: al parecer la patrulla ya estaba en el lugar, el sentido en que los involucrados circulaban no fue como se puso en el informe y que en automóvil estaban varias personas y no solo una, tal como se dejó escrito en el reporte.

Encina indicó que podrán corroborar si se hizo realmente la prueba de alcotest, solicitando informes a la Patrulla Caminera. “Ellos son los encargados de hacer las pruebas, y viene con fotografías impreso en el talón. Generalmente cuando hay accidentes de este tipo, se le acerca al conductor a la base de la Caminera para la realización del alcotest”, agregó.

Reconoció que su asistente fiscal fue quien dispuso la liberación del conductor porque el alcotest dio negativo y porque “teóricamente” la víctima fue auxiliada y el caso no fue con derivación fatal. También reconoció que creyeron en el informe de los policías, porque ese es el mecanismo de trabajo.

Por otro lado indicó que él investiga el accidente en sí y aseguró que está haciendo las diligencias correspondientes. “Por el momento lo que sé es que esta señorita está en terapia intensiva, luchando por su vida. Estamos moviendo la carpeta fiscal para salvar las pruebas, de asegurar los elementos que nos sirvan para la investigación”, agregó.

En la madrugada del 2 de enero, la joven Daysi Monges (16), quien iba a bordo de su motocicleta, fue violentamente embestida por Arnaldo Garcete Estigarribia (28), quien manejaba un automóvil de la marca Chevrolet. Este hombre resultó ileso y la mujer se llevó la peor parte, quedando gravemente herida.

El reporte policial de los agentes que intervinieron refiere que el accidente ocurrió a las 3:00 de la madrugada del domingo, que los policías tuvieron conocimiento del suceso mediante una llamada anónima y que fue la víctima quien iba en el carril contrario. Además indica que el otro conductor involucrado iba solo en su rodado.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que en realidad el hecho ocurrió a la 1:00, que una patrulla ya estaba en el sitio haciendo controles preventivos, por lo que en las narices de los uniformados ocurrió el percance vehicular, que la joven iba correctamente en su carril y que el otro automóvil fue el que realizó una imprudencia, y que este conductor iba acompañado de más personas.

Los uniformados Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia se exponen a ser dados de baja a raíz de que supuestamente falsearon datos en el informe policial de este grave accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Aguaray.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.