Igualmente la citada agente fiscal pidió al jefe comunal que en 24 horas informe a la unidad fiscal sobre el procedimiento ejecutado por los funcionarios municipales de Asunción. Ahora Rodríguez tendrá que realizar dicho procedimiento.

Por su parte, la abogada Rosa Vacchetta señaló sobre la situación que se vive en Cateura, que desde el 2012 la empresa Empo está emplazada para el traslado del vertedero y “con excusas ha logrado mantenerse en el lugar por el silencio cómplice de instituciones débiles que no hacen valer su función y su autoridad”.

Agregó que “hay que entender que la Municipalidad de Asunción tercerizó el tratamiento de sus residuos sólidos y cedió a Empo ese lugar que es el bañado del río Paraguay y cada tanto se producen gigantescas quemazones del vertedero. Esta última que sucedió hace poco menos de dos meses, que duró días y noches, contaminando el aire de residuos tóxicos, producen tremendas alergias, problemas respiratorios y de ojos a la población”. Así también añadió: “No sabemos si esos incendios son provocados o no lo son, pero no escuché que la Fiscalía haya imputado a Empo por esos incendios, ni por exponer al peligro a la población con las piletas de lixiviado”.

“Esta pileta es una bomba de tiempo y no me parece que las instituciones estén tomando con seriedad su rol de autoridad de aplicación (Mades) o de autoridad territorial (Municipalidad de Asunción) o su rol de representante de la sociedad (Ministerio Público) porque este problema se debe solucionar con urgencia”, explicó la profesional del derecho.

INACCIÓN DE AUTORIDADES

Llama la atención el silencio de la Municipalidad de Asunción, el Mades y la Fiscalía del Medio Ambiente tras el gran incendio de Cateura, ocurrido semanas atrás y hoy en día tras la denuncia del desborde de la pileta de lixiviado, que ya dejó de ser una bomba de tiempo, sino que ya explotó y el medioambiente y la ciudadanía están sufriendo las consecuencias de la inacción de sus autoridades, y sobre todo del tribunal arbitral integrado en época de Mario Ferreiro, quienes son los responsables de resolver la rescisión de contrato de Empo.

Los abogados Marcelo Centeno , Stephan Horward y Enrique Sosa parecen bailar al compás de la firma Empo, al no resolver luego de meses de estudio la desvinculación de la citada firma recolectora de basura de la comuna capitalina.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.