La semana anterior, la Fiscalía imputó al extitular de la Seprelad, Oscar Boidanich, y a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Lavado de Dinero, y Frustración de la persecución y ejecución penal.

Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce, y Francisco Cabrera, presuntamente los implicados habrían ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.

El expediente, que ahora fue desempolvado con Emiliano Rolón a la cabeza del Ministerio Público, se sustenta con documentos de la Secretaría antilavado y otros organismos, además de declaraciones y testimonios de los funcionarios de la Seprelad.

En el acta de imputación de la causa N° 314/2018, los cinco fiscales intervinientes plantean que la institución recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a las empresas vinculadas a Darío Messer y que existieron supuestas irregularidades en el tratamiento de la información recibida.

El primero fue en el 2012, del Banco Sudameris en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con esa entidad bancaria, pero fue rechazado luego de que el banco haya sido informado que el mismo estaba siendo investigado por lavado de dinero en el Brasil. Debido a que el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, Seprelad archivó el informe hasta que surjan nuevos datos.

El segundo fue en diciembre del 2015, del Banco Nacional de Fomento en contra de la firma ganadera Chai SA, por una transacción inusual de US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa S.A., pero sin mencionar a Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica de la empresa. También este reporte no fue categorizado como de riesgo alto y se archivó.

El tercero fue de septiembre del 2016, del banco Continental en contra de Chai SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta oportunidad, el banco sí nombró a Messer, por lo que la Seprelad activó los controles al vincular este reporte con los otros dos anteriores.

Dos meses después, en noviembre del 2016, tras recibir información del Brasil sobre la investigación contra Messer, la Seprelad designó al funcionario Fidel Oviedo como analista financiero del caso CHASA605530091. En junio del 2017, el designado remitió un informe preliminar del caso a su jefa Melissa Parodi, quien a su vez envió a su superior, Raquel Cuevas, y esta pasó el expediente a Asesoría Jurídica para su dictamen. Ambas exfuncionarias ahora están imputadas junto con Boidanich.

En noviembre del 2017, Asesoría Jurídica recomendó incluir datos del sector financiero y de la SET relacionados a Juan Pablo Jiménez, además de otros sospechosos, y remitir el documento al Ministerio Público.

La Fiscalía alega que en marzo del 2018 supuestamente Boidanich y Parodi aparentaron que el caso Messer había sido tratado por un comité evaluador en diciembre del 2017, al modificar el memorándum de ese entonces en el cual la funcionaria informaba a la máxima autoridad de la institución de los casos que iban a tratarse en esa reunión. Según los fiscales, hay dos documentos con la misma fecha, uno que consta de 14 casos y otro de 31 (en el cual sí figura el informe contra la empresa ligada al doleiro). Los fiscales además indican que el funcionario Gregorio Mayor, quien participó de la sesión del comité evaluador, testificó que no se abordó el caso en cuestión en la reunión del 2017.

En abril del 2018, a un mes de la supuesta simulación que sospecha la Fiscalía que se hizo en la Seprelad, se presentó ante el Ministerio Público el mismo informe de inteligencia elaborado por analista Fidel Oviedo, pero presuntamente se excluyó el párrafo en que se señalaba que las personas vinculadas a los reportes que hicieron los bancos eran “cercanas” a Horacio Cartes.

Los investigadores indicaron que Boidanich y Cuevas afirmaron que el comité evaluador sí llegó a tratar el expediente en el año 2017 y que decidió postergar su entrega a la fiscalía para introducir algunas modificaciones. Sin embargo, el funcionario designado como analista financiero del caso testificó que no recibió pedido para hacer cambios a su investigación.

LA DEFENSA DE BOIDANCH

En el programa La Caja Negra (Unicanal), Oscar Boidanich, quien estuvo por 10 años en la Seprelad (pasó por los gobiernos de Lugo, Franco y Cartes), explicó que recibían 200 reportes por día y solo contaban con 6 analistas financieros. A eso se suma que el sistema que recibía los ROS calificaba en alta, media y baja. “Estos reportes que vinieron solo mencionaban que querían hacer operaciones o que operaban, no se mencionó en ninguno de ellos excepto en el 2016 a Darío Messer. La clasificación objetiva de la máquina los calificó de medios y bajos, no es que se archivaron”, alegó.

En diciembre del 2017 se analizó el caso Messer y se decidió ampliar el informe financiero, según ratificó el investigado. Luego el caso sufrió un retraso porque él tuvo que ausentarse en la institución por sufrir problemas de salud, de acuerdo con su versión. A su retorno y al ponerse al tanto de este expediente (junto con otros más), lo remitió automáticamente y este documento se convirtió en un elemento clave en la investigación de la Fiscalía, según precisó.

Boidanich negó la información instalada por ABC Color, alegando que el Brasil fue el que dio alerta a la Seprelad sobre el caso Messer. “Fue al revés, nosotros hemos remitido un reporte a nuestros pares de Brasil diciendo que estábamos haciendo un análisis de este señor y su empresa. Es mentira que yo haya salido corriendo llevando el informe a la Fiscalía cuando ABC publicó el caso. Yo salí de mi internación y ahí se remite, no es porque cierto diario publicó el caso”, declaró.

Negó que existan dos informes financieros, tal como acusa la Fiscalía. “Es una insistencia mediática, esta misma pregunta me hicieron en la comisión bicameral del Congreso. El informe que llega a mi conocimiento es el único informe, nunca hubo dos informes. En un informe técnico de qué le sirve al Ministerio Público que se coloque que Cartes era amigo de Messer, además era una información pública”, esgrimió.

El entrevistado argumentó que si hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaba otra información, el propio exfiscal René Fernández (titular de Seprelad), hubiera encontrado cuando abrió la carpeta fiscal en su contra.

“Sigo confiando en la justicia, espero que esto se lleve a un nivel de discusión más técnico y con pruebas fehacientes. Esto me perjudica y quieren llevar esto a un campo político, yo no soy político, soy un técnico y quiero que esto se analice y tomen todas las descripciones y pruebas que hacemos”, concluyó Boidanich.

DEFICIENTE ACTA DE IMPUTACIÓN

Claudio Lovera, abogado de Boidanich, señaló que existen deficiencias en el acta de imputación de parte del Ministerio Público hacia Óscar Boidanich dado que no se hace un detalle sobre los hechos concretos que le atribuyen al exministro.

El abogado explicó que el Ministerio Público está obligado a informar las conductas e informaciones fácticas que estima se presentaron que responde a los hechos punibles que se atribuyen. “Nosotros al leer el acta de imputación estamos sorprendidos porque la Fiscalía no comunica a la persona el objeto de la persecución penal, si es por lavado de dinero, cuáles fueron los hechos que se generaron o una conducta que haya hecho Boidanich. La propia Fiscalía no pudo identificar en qué consistieron las actividades de lavado de dinero consumados, nos tiene que decir Darío Messer hizo estas actividades y generó esto, y este bien particular no pudo ser comisado, pero no fue capaz de describir eso”, detalló.

Dijo que resulta llamativo que incluso Brasil felicitó a Paraguay porque oportunamente congeló los bienes de Messer, ya que la Fiscalía promovió el comiso autónomo de bienes del investigado y no se frustró ninguna investigación.

“El Ministerio Público realiza un análisis interno de ese informe y no abre un caso. Recién abre el 4 de mayo del 2018, luego de que el Brasil, posterior al informe de inteligencia de la SEPRELAD el 3 de mayo solicita la detención de Messer”, expuso.

Lovera remarcó que cuando el fiscal imputa a Messer, transcribe íntegramente el informe de la Seprelad, que es de movimiento financiero y le agrega la descripción de la información llegada del Brasil. A su parecer esto significa que la Seprelad no frustró la persecución penal.

En otro momento negó que existan dos informes respecto a Messer y señaló que esta es una insistencia mediática. “Observé declaraciones públicas hechas por fiscales brasileños, agradeciendo la oportuna acción de la Fiscalía de Paraguay, si es oportuna significa que no se frustró absolutamente nada, tanto en la persecución de Messer y en la proporción de información para ser localizado en Brasil y el aseguramiento de sus bienes”, puntualizó.

LA DIRECCIÓN QUE ESTÁ TOMANDO LA FISCALÍA

En el año 2019, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso remitió a la Fiscalía un informe final en el cual pedía investigar a funcionarios que supuestamente habrían ayudado a Messer, entre ellos Boidanich.

Cuatro años después, la Fiscalía desempolvó esta denuncia que formó parte de la agenda mediática instalada por el sector oficialista como medida de garrote político.

La nueva dirección que está tomando el fiscal general Emiliano Rolón, al reflotar estas causas, llama poderosamente la atención, ante la falta de atención y celeridad en otros casos emblemáticos, tal como el del narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Paraguay y en el que aparece el banco Atlas metido en el esquema; el caso Nicolás Leoz y el lavado de dinero a través de la entidad financiera de los Zuccolillo, y el polémico caso que involucra al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola. Estos son solo algunos de los expedientes que duermen en la Fiscalía.

El fiscal general Rolón estaría inclinando la balanza sólo hacia las gradas de ciertos sectores, pero obviando otros casos que también requieren de una pronta diligencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.