El fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, presentó los resultados de la labor desarrollada en las distintas unidades penales ordinarias, especializadas, del área Administrativa, de recursos humanos, y de equipamientos, durante el ejercicio del 2015.

Sostuvo que durante este año se obtuvieron 1.226 favorables al Ministerio Público e ingresaron un total de 134.282 causas en todo el país. También se presentaron 11.473 imputaciones y 5.284 acusaciones.

En cuanto a la gestión internacional, dijo que se consiguió la extradición de Vilmar Acosta, ahora sometido a la justicia paraguaya por el asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada. En total, 20 personas fueron extraditadas este año a nuestro país.

En el área de lucha contra la criminalidad, se logró recuperar activos en beneficio de las arcas del Estado, por un total de G. 109.504 millones. Se sigue investigando además un supuesto perjuicio patrimonial al Estado paraguayo de unos 200 millones de dólares.

Sostuvo que en el apartado del narcotráfico existe un saldo de 365 condenas a instancias de la Fiscalía, y una pérdida estimada en 43.107.678 dólares a los narcotraficantes. Asimismo se decomisaron 578 bienes.

Así también fueron rescatadas un total de 66 víctimas de trata de personas en operativos nacionales, y otras 20 en procedimientos internacionales, y se obtuvo más de G. 305 millones en concepto de reparación del daño social por delitos ambientales.

Un total de 1.600 personas fueron sometidas a la prueba de alcotest. Se reunió más de G. 500.000.000 en concepto de reparación del daño social, y 260 menores fueron aprehendidos por exposición al peligro en el tránsito terrestre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.