A través de una nota, el fiscal general Emiliano Rolón requirió al ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, que le remita el instrumento normativo que autoriza la instalación de lomadas en las rutas del país.

Además señala en su misiva que en el caso de no poder justificar la instalación, inmediatamente se proceda a retirar los obstáculos de los sitios en donde no existe motivo legal para instalarlos, ya que esto es un delito.

“De corroborarse su existencia irregular constituirá el tipo legal previsto en el Art.216 del Código Penal de ‘intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre’ en el rango de obstáculo al mismo“, refiere parte de la nota del fiscal general.

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Días atrás, ante el aumento de lomadas en las rutas, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) lanzó la campaña Lomadas sin sentido. El objetivo es llamar la atención de las autoridades encargadas de crear políticas públicas de seguridad vial a nivel nacional.

Ramón Codas, vicepresidente de TACPy, indicó que no desean que existan lomadas por un mero capricho de las autoridades, ya que muchas de ellas no cumplen una función y terminan ocasionando muchos problemas en el tránsito vehicular. Es por ello que lanzaron la campaña “Lomadas sin sentido”.

Citó entre los inconvenientes la polución ambiental (una frenada de camiones pesados genera mucho desgaste y eso repercute en el ambiente), la aglomeración en las lomadas, y la gran cantidad de accidente a consecuencia de los lomos de burro mal hechos, que no están señalizados, o que están mal señalizados, porque recién está ubicado el cartel al costado de la lomada y no antes para ir avisando al conductor.

La norma establece que en zonas de colegios y hospitales las lomadas deben tener cuatro metros de ancho (un auto debe caber sobre la misma), y no más de 10 centímetro de altura, para que el golpe no sea un inconveniente que destruya alguna parte del rodado. “Que se hagan las lomadas como dice la ley, con las especificaciones de la ley y las señalizaciones”, expuso.

Codas recordó que en el pasado la TACPy presentó una nota al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que analice esta problemática y que la autoridad de esa institución pública prometió establecer un comité técnico y hacer una auditoria de las lomadas, pero lastimosamente todo quedó en la promesa.

Así también, los miembros del TACPy, así como expertos en seguridad vial, recordaron que existen otras alternativas que pueden ser utilizadas como reductores de velocidad, a fin de sacar de circulación cientos de lomadas que actualmente obstaculizan el transporte vial en importantes rutas del país. “Se pueden colocar semáforos inteligentes, además de radares que funcionen media hora antes de la entrada al colegio y media hora después de la salida de los chicos”, expuso el vicepresidente.

“Tanto añoramos una ruta linda a San Bernardino, ahora la tenemos pero le llenaron de lomadas”, lamentó finalmente como una muestra de lo que ocurre en las rutas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.