El agente fiscal Nelson Ruiz, en conversación con la 970 AM, criticó duramente la resolución de la Corte Suprema de Justicia que otorgó la absolución a los campesinos en el caso de Curuguaty. “Nosotros estamos haciendo énfasis en que se transgredió y se desnaturalizó la casación. (…) Nos sentimos frustrados, porque son años y años de trabajo”, comentó el representante del Ministerio Público.

Argumentó que lo lógico es que si se consideraba que la sentencia adolecía de vicios, correspondía el reenvío a un nuevo juicio oral y público. Sin embargo, con argumentos irrisorios y escuetos se decidió anular la sentencia y hacer directa una casación para absolver a los acusados.

No obstante, resaltó que, de acuerdo a lo que se dejó constancia en la nueva sentencia, el voto del camarista Cristobal Sánchez fue a favor del reenvío a un nuevo juicio y que a esto se adhirió con su voto Martinez Prieto, por lo que le extraña que de manera pública ahora diga que el caso ya no debe abrirse de vuelta. En su defensa este último camarista aseguró que fue un error de transcripción.

“Como vemos plasmado, el único que queda con voto para que se absuelva es Emiliano Rolón”, afirmó el fiscal.

Ruiz dijo que con esta liberación de los labriegos se confunde a la opinión pública y se hace creer que hubo orfandad probatoria. En ese sentido argumentó que resulta peligroso decir que “al no haber pruebas directas que vinculen a los procesados, deben ser liberados”, siendo que eso dista de lo que ocurrió en el juicio, a su parecer. “No en todos los casos puede resultar que exista condena con pruebas directas, puede que exista una suma de indicios y concordantes que permiten establecer que el hecho se produjo”, explicó.

Ahondó sobre el punto que sí hubo pruebas directas como indirectas o indiciarias, como la declaración de cuatro oficiales de primera línea, quienes mencionaron cómo los campesinos dispararon primero contra la humanidad de los intermitentes en el sitio invadido. Es por eso que, según subrayó el entrevistado, que los camaristas debían explicar por qué no creían en la versión de los agentes policiales.

Así también existieron pruebas periciales de Criminalística, que ubicaron a cada uno de los actores y la trayectoria de las balas. “Con eso se vio que (los campesinos) esperaban una suerte de emboscada y estaban en un lugar más elevado que los policías. Estos últimos fallecieron por disparos que provinieron de arriba, al ver la trayectoria de las balas”, dijo.

“Resulta absolutamente imposible que existió orfandad probatoria. Demostraba certeramente la participación de estas personas en los hechos. Genera absoluta desconfianza de los miembros del tribunal, por lo cual se formuló recusación porque evidencian una arbitrariedad y parcialidad manifiesta”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.