“No hemos bajado la guardia en la lucha contra la corrupción, al contrario, el Ministerio Público ha dado pasos históricos contra este flagelo que azota nuestros pueblos, deslegitima a las instituciones y socava nuestra democracia, con el impulso de numerosas causas penales emblemáticas que hoy están en un estado de notable avance y rumbo a desterrar el fantasma de la impunidad que frenaba nuestro desarrollo como sociedad”, destacó.

Quiñónez indicó que no sólo se fortaleció la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con la creación de 2 unidades más. También brindaron apoyo y respaldo tanto institucional como personal a los agentes fiscales y funcionarios que encaran la dura tarea de luchar contra la impunidad. “El crimen debe dejar de ser rentable para los criminales, al atacar la motivación principal de la actividad delictiva que es el dinero, estamos contribuyendo a que el “crimen no pague” y de esta manera desmotivar la actividad criminal”, agregó la fiscal general.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía General, se crearon 14 unidades especializadas contra el lavado de dinero, trabajando en conjunto con las dos ya existentes y potenciando las habilidades técnicas y herramientas para la investigación de estos delitos.

La fiscal general comentó que se logró la incautación e inmovilización de bienes por más de 150 millones de dólares en el caso Messer, por más de 100 millones de dólares en la caso Cabeza Branca. Todos estos bienes hoy se encuentran administrados por la Senabico gracias a la acción del Ministerio Público.

“La cooperación internacional es una herramienta clave en esta tarea por lo que mantenemos acuerdos y relaciones muy beneficiosas con países amigos. La delincuencia organizada no tiene fronteras, nosotros tampoco debemos tenerlas en materia de cooperación judicial” expuso, haciendo referencia al crimen organizado.

Así también, pese a los recursos dilatorios se ha podido acusar en los diferentes procesos llevados adelante y someter a la justicia a supuestos responsables de hechos punibles. Además, se consiguió la devolución al Estado paraguayo de un total de 3.372.883.994 millones de guaraníes.

A través de las Unidades Especializadas de Lucha contra el Narcotráfico y contra el Crimen Organizado cerca de 400 personas sean puestas a disposición de la Justicia, tanto las que pertenecen a las grandes organizaciones, como también a las del microtráfico.

En el marco de la lucha contra el Narcotráfico, las distintas Unidades Penales, llevaron a cabo operativos trascendentales. Por citar el Caso Dominio en sus cuatro fases, cuyo resultado arrojó pérdidas considerables a grupos criminales organizados y el caso Sword, cuyo resultado tuvo la incautación de 302.449 kilogramos de cocaína y la detención e imputación de criminales y de efectivos policiales que daban cobertura a los grupos ilícitos.

El combate a la piratería emprendido por el Ministerio Público logró la incautación de vienes por un valor superior a los 28.000 millones de guaraníes y también se ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional otorgado por la Red Global Antipiratería por este logro. Así también, la Unidad de Lucha contra el Contrabando ha tenido una participación activa y significativa con incautaciones de productos ilegales por un valor superior a los 13.600 millones de guaraníes.

Otro aspecto de relevancia crucial es la protección de nuestros niños y niñas de la pornografía infantil, la extorsión y el gruming. En ese sentido la Unidad de Delitos Informáticos ha realizado cerca de 25 operativos nacionales e internacionales, para identificar y someter a la justicia a los autores de tan graves hechos.

Más de 150 víctimas en el país y en el extranjero fueron rescatadas, obteniéndose la condena de 20 procesados vinculados a la trata de personas.

A través de la Unidad especializada antisecuestro y antiterrorismo se han conseguido importantes resultados a través de condenas, tanto por los hechos punibles de secuestro y asociación terrorista. “Aprovecho este momento para recordar a dos victimas del secuestro que siguen en cautiverio, Edelio Morinigo y Felix Urbieta con quienes seguimos estando en deuda como sociedad”, articuló Quiñónez.

“Sin dudas un tema sensible y que indigna a nuestra sociedad lo constituye el abuso contra nuestros niños y niñas por lo que el Ministerio Público actúa de manera implacable para reprimir este tipo de conductas. Nos alarma la cifra de más de 2.900 denuncias de abuso en niños, registradas este año, hasta el mes de noviembre. Esta dolorosa realidad nos exige y compromete aun más como Estado”, afirmó. En el ámbito de la Violencia familiar se registraron más de 21 mil denuncias y con la creación de la cuarta unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción, el Ministerio Publico promete fortalecerse en la lucha contra estos hechos punibles, ya que sólo en la capital se registran 3000 causas abiertas.

PRESUPUESTO 2020

“La cantidad de denuncias y causas ingresadas en el Ministerio Público crece exponencialmente cada año y sólo en el presente periodo se registraron cerca de 200 mil causas nuevas. Ante la alarmante situación presupuestaria en la cual nos encontramos, debemos extremar la eficiencia en la gestión de los limitados recursos que tenemos para encarar esa titánica tarea”, lamentó la titular de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó su informe de gestión como cabeza del Ministerio Público. Manifestó que la cartera se encuentra en constante cambio positivo y permanente avance, pese a las numerosas dificultades que se presentan, principalmente por la falta de recursos.

Quiñónez explicó que la situación presupuestaria no es un problema menor e informó que el Ministerio Público afrontará el ejercicio fiscal 2020 con un recorte presupuestario de 27.500 millones de guaraníes, el que se suma a un sostenido recorte en materia de gastos desde el año 2015 de más de 50.000 millones, completando la friolera suma de casi 87.000 millones de guaraníes que afectarán el trabajo de la institución.

“No ha sido un año fácil, hay muchas fuerzas que se oponen al cambio, a la transparencia, a la justicia. Seguiremos recibiendo críticas de todo tipo, amenazas y hasta ataques, pero ello solamente comprobará una vez mas que nos encontramos en la senda correcta, el camino de hacer lo que esta bien y lo que nos manda la Constitución”, finalizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.