Unidad de Investigación Nación Media

El informe elaborado por la Unidad de Inteligen­cia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) para el desarrollo de la operación A Ultranza Py evidencia varias filtraciones de datos sensibles para la organi­zación del tráfico internacio­nal de cocaína en donde inves­tigaban al uruguayo Sebastián Marset, su cuñado Mauro Gar­cía Troche, los paraguayos Miguel “Tío Rico” Insfrán, Federico Santoro, entre otros.

La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, encar­gada de la persecución penal al cartel investigado, presentó denuncias por las filtraciones y cooperaciones en favor de la organización criminal de parte de agentes estatales de varias carteras ministeriales. Se abrieron varias investiga­ciones en el ámbito fiscal con relación al tema.

Las protecciones que brin­daron desde el gobierno de Mario Abdo Benítez a Marset y su grupo serán indagadas por fiscales de la Unidad Especia­lizada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Fuentes judiciales explicaron que se abren varias carpetas investigativas, divididas por ministerios y departamentos, desde donde se sospechan que colaboraron para las facilita­ciones del montaje de la estruc­tura dedicada al tráfico inter­nacional de cocaína.

Según los documentos, desde la Senad y el Ministerio del Interior se filtraron informa­ciones sensibles. Uno de los avisos hizo que se aborte el descenso de una narcoavio­neta en el Chaco, otro advierte de una investigación en la cartera del Interior y en otra comunicación se avisa desde el MDI que el Comando Tri­partito de la Policía estaba siguiendo a Marset.

Inclusive, en medio de la detención del uruguayo en Dubái, la organización buscó ayuda de sus colaboradores del Gobierno y en las escu­chas se detalla que uno de los secretarios de la banda recu­rrió a un colaborador del recientemente declarado sig­nificativamente corrupto por los Estados Unidos, el vice­presidente de la República, Hugo Velázquez.

Además, para buscar una solu­ción al problema que generó el pasaporte adulterado, también recibieron asesoramiento de sus nexos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Final­mente, la Cancillería uruguaya generó un pasaporte para Mar­set, quien luego quedó en libertad y ya advertido de las pesquisas en su contra no vol­vió a Paraguay.

También el Ministerio Público indagará una presunta coope­ración de funcionarios de la Dirección Nacional de Adua­nas que brindaba facilidades para que los contenedores contaminados con cocaína puedan salir de Paraguay con destino a Europa y África. Igualmente, para ayudar a zafar de los controles migra­torios, Santoro dice a García Troche que tiene un amigo en Aduanas que lo ayudará.

Asimismo, la transcripción de las escuchas revela que supues­tamente Diego Marset, el her­mano de Sebastián Marset, tuvo un problema judicial y que para arreglar con el juz­gado iban a pagar G. 5 millones, además de “otras donaciones”.

Estas filtraciones y otros detalles que fueron denun­ciados por la Unidad de Nar­cotráfico de la Fiscalía serán indagados por fiscales de Anticorrupción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.