El abogado Eduardo Lezcano comentó a GEN/Nación Media que entre 10 a 12 personas fueron convocadas a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa abierta por el hecho punible de coacción.

Esto se da como consecuencia de la manifestación realizada días atrás en la Ruta Transchaco que incluyó un cierre de varias horas en la cabecera del Puente Remanso, la cual había sido organizada por pobladores del Bajo Chaco.

Los organizadores de aquella medida de fuerza venían exigiendo a las autoridades la aprobación del proyecto para lograr la pavimentación de la Ruta 12, en el tramo Chaco’i-General Bruguez.

“Nosotros fuimos respetuosos. Sabemos que es muy incómodo y hacer sufrir a mucha gente pero lamentablemente en Paraguay el que no llora no mama”, expresó Lezcano.

Cuestionó el hecho de que hasta el momento la Ruta 12 sea la única ruta nacional que sigue sin ser asfaltada, por lo que ya no tienen más opción que salir a las calles a manifestarse.

QUÉ DICEN DESDE EL MINISTERIO PÚBLICO

El fiscal Irán Suárez, quien fue asignado para llevar esta causa, comentó que cuando se desarrolló aquella manifestación en el Puente Remanso habían logrado conversar con los dirigentes del grupo y llegaron a un acuerdo para evitar conflictos durante el cierre, pidiéndoles que hagan cortes intermitentes para no dificultar el tránsito.

Fue así como se llegó a ese acuerdo, de modo a que no se genere una congestión importante sobre la ruta, pero en horas de la tarde la situación se salió de control al hacerse un bloqueo que duró casi tres horas, indicó.

“Eso es inconcebible para el Ministerio Público. La gente no tiene por qué pagar los platos rotos por el reclamo de otras personas”, indicó el fiscal.

El mismo dijo que no se cierra a la posibilidad de conceder la oportunidad de una salida procesal a los manifestantes investigados, aunque enfatizó que “cerrar una ruta es un delito” y una coacción en contra de la gente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.