En la jornada de ayer se dio a conocer el decreto Nº 574 del Poder Ejecutivo por el que se objeta totalmente el proyecto de ley Nº 6190/18 “Que amplía el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 destinado a la Fiscalía General del Estado” con una cifra que alcanzaba los G. 18.000 millones.

Entre las principales consideraciones para este rechazo se encuentran la falta de recursos para financiar el incremento, así como el peligro de sobrepasar el tope del déficit fiscal y los otros aumentos salariales que ya habían sido otorgados a la citada institución.

El fiscal Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, en entrevista con la 970 AM lamentó el veto al pedido de ampliación y sostuvo que ese dinero les iba a ayudar a culminar el año “por lo menos con condiciones mínimas para seguir trabajando”.

A su criterio, esta decisión del Ejecutivo deja un mensaje negativo para los funcionarios. “No sentimos que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad y la corrupción se vea acompañado, las investigaciones requieren de inversión y contar con los mejores recursos humanos”, afirmó.

Con el rechazo de esta ampliación presupuestaria, la Fiscalía se priva de un paquete de contrataciones de personal técnico, además de refuerzos para contratar a asistentes fiscales y una actualización salarial para varios funcionarios que tenían sus salarios congelados, detalló el agente fiscal.

Por su parte Odilón Turó, titular del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público, en entrevista con la 650 AM confirmó que llegaron a un acuerdo con los demás gremios para impulsar la huelga general a raíz de que no tuvieron el visto bueno del Ejecutivo.

La medida de fuerza arrancará este jueves 8 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 7 de diciembre.

Turó indicó que la intención no es meter presión con este cese de actividades, sino “hacerle saber a la ciudadanía cuál es la situación en la que se encuentran”.

A su criterio, con este veto el presidente Mario Abdo Benítez “le va a cambiar la cara la justicia pero para peor”.

Según mencionó durante la entrevista radial, entre las posibles consecuencias de este rechazo se encuentra el cierre de sedes fiscales en el interior del país.

“En este mes o el mes que viene se van a hacer eco del cierre de algunas fiscalías en el interior. Saben que las fiscalías no tienen sede propia, deben arrendarse locales”, recordó el sindicalista.

Entre una de las posibles oficinas a ser clausuradas se encuentra la de la localidad de Cerrito, ubicada en el departamento de Ñeembucú.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.