La fiscal Stella Marys Cano manifestó a la 650 AM que el Tribunal de Sentencia asumió una postura de “certeza negativa” para dar por sentado que no existió el hecho punible del cual era acusado el exintendente Mario Ferreiro junto con Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro.

Para emitir su fallo, el tribunal integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni tuvo en cuenta el hecho de que las capturas de pantalla usadas como prueba no tienen un respaldo digital, lo cual se debe a que no pudo ser abierto el teléfono celular que había sido incautado.

Cano cuestionó esta decisión y señaló que en realidad siempre estuvo a disposición dicho dispositivo (perteneciente a Marcelo Mancuello, quien era jefe de Gabinete del municipio en la era Ferreiro), aunque el mismo no fue revisado porque nunca hubo una orden para el efecto.

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De igual modo, cuestionó que le hayan restado valor a los testimonios de los otros testigos que también formaban parte del grupal “Asado de fin de semana”, puesto que sí pueden servir como prueba al no contar con el respaldo digital de las conversaciones. “La interpretación que le dio el tribunal es que no pudieron tener el original del screen y por ello se absolvió a Ferreiro”, afirmó la fiscal.

A su criterio, se tendría que haber concluido con la duda y no con la certeza negativa como finalmente resolvieron las magistradas. En ambos casos, se hubiera resuelto la absolución de Ferreiro, motivo por el cual Cano decidió no apelar el fallo del tribunal.

Cano desmeritó las publicaciones que vienen siendo realizadas por el diario ABC Color, negando que se haya montado la causa judicial en contra de Mario Ferreiro. “En ningún momento se habla de inventar cosas, toda la información que está en el expediente es real”.

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Igualmente, recordó que hubo un pedido de salida procesal por parte de los imputados en esta causa, lo cual – a su parecer- implica el reconocimiento de la existencia del hecho investigado por parte de Mario Ferreiro y los otros acusados.

“El Tribunal está dudando de ese screen, ellos no pueden afirmar que tienen la certeza negativa si yo me quedo sin posibilidad de afirmar que tengo la certeza positiva (al no haberse revisado el celular incautado)”, agregó durante la entrevista.

“No tengo por qué ocultar nada de nada, la verdad procesal está en ese expediente”, reiteró la representante del Ministerio Público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.