En una maniobra que a las claras se hizo por debajo de la mesa Coscia planteó la firma del acuerdo al presidente de Petropar Denis Lichi, entre ambos desde octubre comenzaron a mover los hilos para entregar la millonaria suma a la empresa Texos Oil SRL que demandó a la petrolera nacional por haber anulado una adjudicación de provisión de combustible en el 2009 y el 2 de diciembre pasado se hizo la firma del documento.

Según Sergio Coscia el Estado iba a perder esa demanda, que era por más de US$ 31 millones y por esa razón se apuró el acuerdo altamente beneficioso donde se iba a ahorrar 78% del dinero, sin embargo cuando se demostró que todo era solamente una movida para perjudicar al Paraguay, el entonces procurador anuló el acuerdo y luego renunció al cargo.

La diputada Rocío Vallejos quien analizó los documentos de este caso señaló que todo el movimiento que se dio en torno a este acuerdo es muy raro, ya que desde la Procuraduría dijeron que el caso estaba casi perdido en los estrados judiciales, sin embargo nunca se hizo un análisis sobre la cuestión de fondo.

“Como ellos (Petropar y la Procuraduría) están seguros que van a perder el juicio, existe un precedente judicial de un caso similar, contrataciones públicas sacó algún dictamen, no citan normas legales”, apuntó la parlamentaria.

También Vallejos, fue tajante al decir que nadie salió a dar argumentos técnicos, ni jurídicos de por qué se tomo la decisión.

La diputada señaló que con la renuncia de Sergio Coscia no se termina el caso, acá la Fiscalía tiene que tomar intervención y buscar si se cometieron delitos y en el caso que sí se debe abrir una investigación. Acá Lichi y Coscia deben ser investigados por la fiscalía y ver si grado de responsabilidad en la firma del acuerdo entreguista.

Sin embargo desde el Ministerio Público no hay reacción sobre el grave hecho. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez no dio a conocer su postura ante este caso y tampoco designo a un agente fiscal para que investigue el caso.

Acá se da el mismo hecho que ocurrió en el acta entreguista que se firmó entre Itaipú y el Brasil, con un monto menor en el caso de Petropar, pero con la misma traición al Estado. En el caso de Itaipú se abrió una investigación que terminó en la nada, hasta la fecha no hay imputados, tampoco desistimiento de la denuncia, solo quedó cajoneado el suceso.

En este caso de Petropar ni para disimular un interés en el hecho se designó a un fiscal para investigar el caso. La renuncia de Sergio Coscia no enmenda la posible comisión de un hecho punible, que también alcanzaría a Denis Luchi, quien pese al escándalo sigue al frente de Petropar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.