Fiscalía recuerda cuáles son los delitos electorales

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Electoral, recuerda a los ciudadanos los hechos punibles relacionados con la jornada electoral que se desarrollará el 30 de abril próximo.

Así como sus sanciones pecuniarias o penas de cárcel correspondientes, de acuerdo al Código Electoral y el Código Penal.

– Coerción al elector (Art. 278 Código Penal)

El que mediante la fuerza, amenazas o presión económica impida el ejercicio del derecho electoral en un determinado sentido. Tiene una pena de hasta cinco años o multa.

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– Realizar propaganda electoral finalizado el plazo establecido para el efecto (Art. 324 inc. A del Código Electoral)

Serán castigados con la pena de un mes a seis meses de pena penitenciaría, más una multa equivalente a cien jornales mínimos, quienes realicen actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo establecido para el efecto.

– Reunirse a menos de 200 metros de los locales de votación (Art. 324 inc. d del Código Electoral)

Ejerciendo presiones indebidas sobre los electores injuriándolos o coaccionándolos, y que atenten contra la libertad para votar. Este delito tiene como pena seis meses a un año de penitenciaría.

– Falseamiento de datos (Art. 276 del Código Penal)

Votar sin estar habilitado, producir resultado falso, falsear el resultado tiene una pena de cinco años o multa.

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– Retener documentos de identidad del elector (Art. 321 Código Electoral)

Quienes retuvieren los documentos de identidad de los electores el día de las elecciones o exigieren el voto en un sentido determinado, mediante el ofrecimiento o entrega efectiva de dádivas o recompensas, sufrirán la pena de uno a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos (300) jornales mínimos.

Homicidio culposo en una guardería: tardaron 20 minutos en darse cuenta de la caída

La Fiscalía formuló imputación contra la propietaria de una guardería de Asunción, donde el martes falleció ahogado un bebé de dos años. Según el acta, los responsables se dieron cuenta de que el menor cayó al agua, recién 20 minutos después del hecho.

Gisselle Hilda Beatriz Gill Sanabria fue imputada por homicidio culposo, a raíz del trágico hecho ocurrido el martes, cuando un bebé murió ahogado en el predio de la guardería a su cargo.

Según el relato fiscal, el bebé participaba de una colonia de vacaciones a cargo de la imputada. Alrededor de las 9:27, el pequeño salió al patio de la vivienda, sin supervisión de ningún adulto.

A las 9:31, después de correr alrededor de la piscina ubicada en la zona –la cual se encontraba cargada y no contaba con protección ni cerco perimetral–, el niño se habría aproximado al borde la misma y habría caído al agua.

El acta menciona que, este percance fue advertido por la niñera recién a las 9:49. La mujer lo retiró del agua y comunicó el hecho a las encargadas.

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Se realizaron procedimientos de reanimación, aunque no se aclara quiénes lo hicieron. Posteriormente, Gill Sanabria llamó al 911, cuyos agentes trasladaron al bebé en una patrullera al Centro Médico Bautista, adonde ingresó ya sin signos vitales. Allí declararon su deceso por un paro cardiorespiratorio por asfixia por sumersión.

La Fiscalía señala que la guardería no cuenta con las habilitaciones administrativas de la Municipalidad de Asunción, en lo referente a licencia comercial y patente comercial, por lo cual, la comuna procederá a la clausura como medida de urgencia.

Conductora se estrelló contra un motel y se negó al alcotest

Una camioneta al mando de una mujer chocó contra la fachada de un motel en San Lorenzo. Tanto la conductora como su acompañante salieron ilesas. La responsable se negó al alcotest y quedó detenida.

Un accidente de tránsito ocurrió anoche sobre las calles Dr. Ramón Frizzola y Víctor Cáceres, ciudad de San Lorenzo, donde una camioneta Chevrolet Tracker colisionó contra la cascada que adorna la entrada al motel Del Rey.

En esta intersección existe una curva pronunciada, la cual habría sorprendido a la conductora, quien, según testigos, circulaba a gran velocidad, relato que coincide lo que se observa en la escena del percance: grandes daños materiales.

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Ambas mujeres fueron asistidas por bomberos voluntarios, quienes confirmaron que las dos salieron ilesas, pero se encontraban en estado de shock.

Eliana Lucía Bóveda Riveros, de 35 años, se negó al alcotest y, por orden fiscal, fue trasladada a la Comisaría 1ª de San Lorenzo, donde permanece demorada por exposición al peligro en el tránsito terrestre.

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Imputado el chofer que transportó carga de “dulzura”: los elementos en su contra

El caso de la carga récord de cuatro toneladas de cocaína ya tiene a su primer imputado. Es el chofer que condujo el camión hasta el puerto Caacupemí. La Fiscalía tiene varios elementos en su contra.

El fiscal Alejandro Cardozo formuló imputación contra Juan de la Cruz Galeano Mieres por los hechos punibles de trasgresión de la ley de drogas y asociación criminal.

“Intentamos conversar con él, pero se abstuvo de brindar informaciones, solamente dio datos personales con su abogado defensor”, explicó el fiscal Cardozo, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

El camión que conducía Juan de la Cruz, al momento de su aprehensión, ingresó en reiteradas veces al puerto Caacupemí transportando varios de los contenedores que pertenecen a la empresa en cuestión.

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Además, dentro del camión hallaron sustancias blanquecinas, cuyo análisis posterior confirmó que se trataba de cocaína. El chofer será convocado hoy por el Juzgado para la imposición de medidas.

“Empezamos con la persona más cercana al resultado, esta persona es de la que tenemos indicios de su participación en el traslado de los contendores, y de ahí vamos a ir avanzando”, indicó el fiscal, respecto a la pesquisa.

Juan de la Cruz Galeano Mieres fue detenido el marte en un procedimiento de rutina en el ramal Luque- San Bernardino, donde se verificó el camión de carga, por llevar la chapa exhibida en el parabrisas y no en el lugar que le corresponde.

El hombre de 39 años de edad dijo a la Policía que se dedica al transporte de cargas. En los registros policiales no figura ningún antecedente penal.

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