El Ministerio Público, representado por los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero, fueron los que solicitaron las altas condenas.

El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012 “Campos Morombi”, situado en la ciudad de Curuguaty del Departamento Canindeyú, durante un enfrentamiento entre policías y campesinos que derivó al fallecimiento de 17 personas.

La Fiscalía refirió que la asociación criminal liderada por Rubén Villalba, tuvo un financiamiento propio y estructurado, logístico y con soldados ejecutores. El grupo tenía un plan estratégico y estaba en pleno conocimiento de la situación jurídica del inmueble.

La petición de pena más larga fue para Ruben Villalba, los agentes fiscales solicitaron la pena de 30 años de cárcel, con una medida de seguridad de 10 años. Villalba es acusado por los delitos de tentativa de homicidio doloso, homicidio doloso agravado y consumado, e invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Según la representación fiscal Villaba tuvo un alto grado de reprochabilidad a raíz de liderar un grupo numeroso de personas para sustancia la invasión del inmueble. Argumentaron que ideó, planificó y ejecutó su plan para resistir y matar por cuestiones ideológicas ya que tenia un alto grado de resentimiento y odio.

Para Luis Olmedo Paredes, considerado también miembro de la estructura de más de 150 personas invasoras, se pidió la pena carcelaria de 25 años. Para él se solicitó la misma calificación jurídica impuesta a Villalba.

La Fiscalía solicitó para Arnaldo Quintana la pena de 20 años de cárcel, quien actuó con la decisión de matar. Fue acusado por los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal t tentativa de homicidio.

Para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tilleria Cáceres, solicitaron 5 años de pena privativa de libertad. Estos procesados integraron el grupo de invasores conformando una asociación criminal bien estructurada con el fin de atacar, invadir y resistir hasta llegar a matar, manifestó la Fiscalía.

Por otro lado, para María Fany Olmedo, María Dolores López Peralta y Lucia Agüero, solicitaron 8 años de prisión. Sostuvieron que las mismas actuaron de “señuelos” en complicidad y ayudaron a los demás acusados para cometer los hechos punibles de homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso agravado.

La audiencia oral y pública proseguiría el próximo 23 de junio, con la presentación de los alegatos finales de las defensas técnicas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.