El periodista Jorge Torres, quien fue emplazado para entregar a su fuente, argumentó que la Fiscalía debería de pedir informes a la telefónica sobre cómo se filtró el dato, no así al comunicador que publicó el contenido. “Si paso esa información, yo voy a hacer el 90 % del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público”, acotó.

En charla con la 970 AM, el investigador del diario La Nación refirió que los fiscales sí pueden convocar a los periodistas para preguntarles cuáles son las fuentes da investigación, pero que los mismos pueden resguardarse bajo el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Artículo 29 – DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Sin embargo, en su caso, según resaltó Torres Romero, la fiscal Marlene González envió un oficio donde de manera puntual resalta que debe decir en el plazo de 72 horas quién fue la persona física o jurídica que proporcionó los datos, con lo que se atenta gravemente la labor de la prensa. “Esto no es otra cosa más que un amedrentamiento. O esta fiscal tiene un absoluto desconocimiento a las garantías constitucionales que tenemos los periodistas. Es una cuestión que cae de maduro”, lanzó.

“A mí me preocupa esto, de entrada yo percibo que en serio es un amedrentamiento porque me emplazan. No solamente quiere que le diga quién es mi fuente, sino que también que le envíe la copia del documento que usé para la publicación. Me preocupa en general para todos los que estamos dentro de este oficio”, resaltó.

El comunicador dijo que recurrió a la asesoría del grupo comunicacional y que, por recomendación, responderá mediante una nota que posee la garantía constitucional del resguardo de la fuente. Esto será remitido en la mañana de este lunes a la representante del Ministerio Público.

Por otra parte, lamentó que el Sindicato de Periodistas y el Foro de Periodistas del Paraguay hace rato están muy ideologizados y operan a favor de los sectores que son únicamente de su interés, por lo que no le sorprende que no se hayan pronunciado aun sobre su caso. “La indignación es selectiva. No espero mucho de ellos, pero insisto que este no es un tema que solo debe preocuparme a mí, por que soy el afectado, sino que debe preocuparnos a todos porque deja un precedente sobre cómo se articula desde la justicia; están golpeando desde hace tiempo con esto”, subrayó.

EL CASO

La fiscal González tiene a su cargo la investigación sobre la obten­ción de extractos de llamadas telefónicas de varios políti­cos, empresarios y abogados, cuyo contenido fueron divul­gados a través de diferentes medios de comunicación.

Para la obtención de dicha información se remitieron a las compañías telefónicas varios oficios que habrían salido de la unidad fiscal de J. A. Saldívar, entonces a cargo de la fiscala Brígida Aguilar, cuya firma habría sido adulterada.

En noviembre del año pasado, el diario ABC Color fue uno de los primeros medios que publicó el cruce de llama­das que se habrían obtenido con los documentos fragua­dos, y en base a la respuesta que había proporcionado una compañía telefónica al correo electrónico que figuraba en la nota con la supuesta firma de la fiscala Aguilar.

Los datos solicitados en ese oficio adulterado fueron los mismos que se publicaron en el referido medio y que pos­teriormente a raíz de una investigación de La Nación se constató de la existencia de un esquema montado para la obtención de extractos de lla­madas que se había diseñado en la Fiscalía de J. A. Saldívar.

Tras la investigación de nuestro diario, el Ministe­rio Público actuó de oficio para determinar los hechos punibles y designó a la agente fiscal González a cargo de la investigación.

OTROS PEDIDOS

En el primer oficio solicitado con la firma supuestamente adulterada de la fiscala Agui­lar, se pidieron los extractos de Carmelo Caballero, Raúl Fer­nández Lippmann, José Ortiz, Luis Canillas, entre otros. Este pedido sí respondió la empresa telefónica y esa información la publicó el diario ABC.

Nuestro diario accedió luego a otros documentos que tam­bién fueron enviados a las telefónicas y en las que soli­citaban extractos de otros políticos como Efraín Alegre, Desirée Masi, Rafael Filiz­zola, Mario Abdo Benítez, Luis Alberto Wagner, Enri­que Bacchetta, entre otros.

Según afirman desde las tele­fónicas, este otro pedido ya no se respondió. Sin embargo, los políticos Alegre, Masi y Filiz­zola, bajo patrocinio del abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos, denunciaron el hecho ante la fiscala Marlene Gon­zález.

¿AMEDRENTAMIENTO?

La semana pasada, llegaron a LN dos oficios firmados por la fiscala González. Uno en el que solicita un ejemplar de la edición del 24 de enero de este año y otro dirigido al perio­dista Jorge Torres Romero, en el que le pide lo siguiente: “Informar si el flujo de lla­madas entrantes y salientes atribuido al señor Enrique Bacchetta en el período com­prendido de mayo a noviem­bre del 2017 y publicado en la nota periodística del dia­rio La Nación en fecha 24 de enero del 2018 cuenta con logotipos u otros medios de identificación de la persona física o jurídica que ha pro­visto tales datos”.

En otra parte del oficio se emplaza al periodista a remi­tir la información solicitada: “Remitir copia del docu­mento en el que se encuentra el detalle de llamadas entran­tes y salientes atribuidas al señor Enrique Bacchetta y que motivaron y sirvieron de sustento para la publicación del día miércoles 24 de enero del 2018 suscrito por el citado periodista e intitulada “SENA­DOR BACCHETTA LLAMÓ A 23 FISCALES Y 37 JUECES EN 7 MESES. Sírvase remi­tir el informe solicitado en un plazo de 72 horas computados a partir de la recepción de la siguiente nota”.

DENUNCIA DE AMEDRENTAMIENTO

Hace un par de semanas, la periodista del diario ABC Color Mabel Rehnfeldt había denunciado que fue amedrentada por la Fiscalía cuando fue consultada sobre quién le proporcionó la infor­mación sobre los audios que fueron difundidos y que reve­laron los casos de tráfico de influencias.

La comunicadora, quien había denunciado el hecho ante la Fiscalía, fue llamada a declarar en su condición de denunciante y el hecho pro­vocó la reacción de la perio­dista y otras voces como la del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, quien había exhortado a través de su cuenta en Twitter del respeto a las garantías constituciona­les para el libre ejercicio del periodismo.

El caso de Torres es también preocupante, quien ni siquiera fue denunciante ante la Fisca­lía, pero sin embargo es empla­zado a que revele su fuente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.