En un comunicado, el Fondo explicó que el programa se desarrollará bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI, en inglés), un mecanismo para ayudar a los países a formular y aplicar programas de política macroeconómica que puede ayudarles a desbloquear financiación por parte de acreedores oficiales o inversores privados.

Al PCI pueden acceder todos los miembros del FMI que no requieren de financiación del Fondo en el momento que se aprueba este tipo de programas y no supone obligaciones financieras con vencimiento respecto al organismo.

El subdirector gerente y presidente interino del Directorio, Kenji Okamura, explicó en la nota algunas de las medidas que aplicará Paraguay.

En ese sentido, destacó que el nuestro país tiene que restablecer fondos de contingencia y volver a tener un “techo de déficit fiscal del 1,5 % del PIB en 2024”.

Asimismo, Paraguay se comprometió a mejorar “la movilización” de los ingresos, reformar el fondo de pensiones públicas e incrementar la eficiencia del sector público.

Por otro lado, “la política monetaria tiene el objetivo de hacer retroceder la inflación hasta el objetivo del 4 % y mantener la expectativas de inflación bien ancladas”, remarcó el responsable del FMI.

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Okamura subrayó, además, el compromiso de las autoridades paraguayas con “el uso de intervenciones cambiarias” únicamente para abordar “condiciones desordenadas de mercado”.

Según el FMI, en 2020 y 2021, Asunción implementó “las medidas apropiadas fiscales, sociales y de apoyo financiero para mitigar el impacto negativo de la pandemia y para una recuperación sostenida”.

Sin embargo, este año la economía del país sufrió varios “shocks simultáneos”, como una dura sequía y el repunte de la inflación por la guerra en Ucrania.

“Mientras que las perspectivas económicas siguen favorables, han surgido varios riesgos con los vientos globales en contra, impactos climáticos adversos más frecuentes e incertidumbres domésticas”, apuntó Okamura.

Básicamente, las reformas que llevará a cabo Paraguay se fundamentan en tres pilares: garantizar la estabilidad macroeconómica y la resiliencia; aumentar la productividad y alentar el crecimiento económico; e incrementar la protección social y la inclusividad. EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.