En un comunicado, los técnicos del FMI explicaron que el crecimiento “está siendo afectado por una sequía” que “reducirá la cosecha de soja”, aunque añade que ese efecto negativo se compensará “parcialmente” con un “repunte del turismo y el comercio transfronterizo”, gracias a la “corrección” de la crisis cambiaria sufrida por Argentina y Brasil en 2018.

La misión, que evaluó la situación económica del país en el marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, que regula los préstamos concedidos por el ente, estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay se elevó un 3,75 % en 2018, frente al 4,2 % que estimó el Gobierno local en diciembre, gracias a una demanda interna “fuerte”, impulsada por el aumento del crédito.

Según el informe elaborado por los técnicos, el crecimiento se ralentizó en el segundo semestre de ese año afectado por la crisis cambiaria de los países vecinos que provocó un descenso del turismo y el comercio.

El documento destaca que “los riesgos al crecimiento están equilibrados”, aunque advierte de que la fortaleza de la demanda interna es “incierta y dependerá de la recuperación de las inversiones” estatales.

Destaca la buena acogida de la “continuidad” en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el déficit público al 1,5 % del PIB.

También aplaude la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP) que, tras mantener los tipos de interés en el 5,25 % en 2018, redujo la tasa el mes pasado al 5 %.

Los técnicos del FMI añaden que la inflación interanual se situará en torno al 4 % a finales del año “a medida que la apreciación del tipo de cambio real del año pasado se revierta”.

El informe reconoce que el crecimiento medio en torno al 4 % que Paraguay mantuvo en la última década, gracias a “políticas macroeconómicas prudentes”, que permitieron reducir la pobreza del 58 % en 2002 al 26 % actualmente, aunque señala que sigue siendo una tasa alta “según los estándares regionales”.

En ese sentido, avisa al país de que debe encontrar la manera de mantener el crecimiento, a la vez que reduce su dependencia del sector agrícola, ya que “los precios agrícolas ya no están en los niveles altos de antes y pueden disminuir aún más a medida que la demanda mundial se desacelera”.

Y añade que las tierras agrícolas no pueden seguir expandiéndose “al mismo ritmo que en el pasado”.

Para ello, señala la necesidad de que el país capte mayores inversiones extranjeras, para lo que necesita “mejorar la gobernanza y el clima de negocios”, debilidades que contrarrestan el “atractivo” que suponen los bajos impuestos y la energía barata.

Respecto al sector financiero local, destaca la “solidez” que muestra el sector bancario, que “está bien capitalizado, es rentable, y su supervisión basada en riesgo avanza bien”.

No obstante, sugiere “mejorar la supervisión” de las casas de crédito y “adoptar estándares de supervisión para este sector de manera rápida”.

Así como establecer una entidad de control de los fondos de pensiones, que carecen de supervisión actualmente, con objeto de “reducir los riesgos” y facilitar el “desarrollo de un mercado de capitales nacional”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.