El proyecto que establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social, tendrá sus efectos inmediatos y a largo plazo, los cuales fueron expuestos por un exfuncionario que conoce el IPS como la palma de su mano: el ingeniero Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas hasta el 2021.

La legislación habilita al Consejo a endeudar al IPS a largo plazo a través del BNF y organismos locales e internacionales, para pagar deudas con proveedores de salud, con farmacéuticas e importadoras, que actualmente asciende a 240 millones de dólares, según informó el propio presidente, Vicente Battaglia.

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“Como efecto inmediato, se va a deducir de entrada hasta el 5 % de lo presupuestado para salud, es decir, si se presupuestan 300 millones de dólares al año, entonces se van a restar 15 millones”, explicó Halley en entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media. De hecho, así lo eestablece el artículo 3 del proyecto.

Si la deuda es de 240 millones de dólares, a razón de 15 millones de dólares por año, la deducción del 5 % se extenderá por 16 años, tiempo durante el cual los fondos de salud sufrirán ese recorte de manera automática.

Halley puntualizó que el Programa de Salud es de ejecución anual y no un fondo que como tal, sí puede endeudarse e invertir a largo plazo, por lo tanto, utilizar un “Programa de Salud” para cubrir una deuda, va contra toda gestión financiera o presupuestaria.

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Al entender de Halley, cuando el IPS necesite dinero para comprar medicamentos e insumos, buscará utilizar parte de ese 5 % que se le resta anualmente, por lo que el IPS se verá obligado a recurrir al Fondo de Jubilaciones, por tratarse del único que tiene espalda para afrontar este tipo de compromisos, sin embargo, recurrir a esta medida sería inconstitucional, ya que el artículo 95 de la CN prohíbe arriesgar el Fondo de Pensiones para absorber pasivos que no se relacionen a las jubilaciones.

ALTERNATIVAS AL PRÉSTAMO

Según el ingeniero Halley, antes de recurrir a los créditos y al uso de los fondos de salud, otras opciones podrían considerarse.

Revisión del Fondo de Imprevistos: se trata de un fondo cuyos recursos pueden utilizarse según el criterio del Consejo. Es algo similar al rubro de “Gastos Reservados” que posee la el Ejecutivo, en donde no se dan detalles acerca del destino del dinero.

Devolución del dinero: la posibilidad de ponerse al día con las farmacéuticas a través del dinero que el Estado Paraguayo le debe al IPS, actualmente unos 3,2 billones de guaraníes, según el proyecto que precisamente plantea el inicio de la devolución.

Aporte adicional: existe un 2,5 % de aporte patronal adicional, que el IPS recoge y envía al Ministerio de Salud para gastos rígidos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.