Dicho préstamo ya se encuentra aprobado por el directorio del citado organismo internacional y ahora el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones formales para luego ser presentado al Congreso Nacional.

Con respecto al estado del programa, por parte de Hacienda ya se obtuvo el código SNIP para cada ciudad (Santa Rita – N° 874, San Ignacio – N° 871, Carapeguá – N° 875, Santa Rosa del Aguaray – N° 889) y por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Licencia Ambiental Estratégica correspondiente a cada una de las mencionadas ciudades.

Las obras, que serán realizadas a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), beneficiarán a unas 120.000 personas con trabajos de agua potable y saneamiento para los municipios de Santa Rita, departamento de Alto Paraná; Carapeguá, departamento de Paraguarí; San Ignacio Guazú, departamento de Misiones y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

La inversión total será de USD 52 millones y comprende redes a ser definidas con el proveedor de agua de cada comunidad, así como un sistema de alcantarillado sanitario con Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Saneamiento (PTAR).

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Al concluir el acto, el Ing. Hugo Ruíz, responsable de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC, explicó que la importancia de este programa se da especialmente por la necesidad de mejorar la calidad de vida, por el impacto en la salud pública, así como al cuidado del medio ambiente.

“La Organización Mundial de la Salud considera que la inversión de un dólar en agua potable y saneamiento, equivalen a 5 dólares invertidos en salud pública”, concluyó.

La actividad se llevó a cabo en el Palacio de López con la participación del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, el titular de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Segovia, los jefes comunales de las cuatro localidades beneficiadas, además de Óscar Llamosas, ministro de Hacienda y otras autoridades nacionales.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.