El médico forense Pablo Lemir dijo en conversación con SNT que el país debe estar listo para afrontar el peor de las situaciones con relación al COVID-19. “Queremos estar preparados ante un escenario catastrófico. Saber qué hacer con la gente al haber una muerte masiva”, dijo.

En ese sentido comentó que recibieron las bolsas mortuorias. No obstante, resaltó que los cementerios están llenos ya sin tener casos de coronavirus, por lo que como primera medida se prevé el enterramiento en fosas comunes, de registrarse la muerte en mansalva de los ciudadanos. Agregó que debe verse con los municipios los sitios alejados de la población y de los cauces hídricos para la instalación de estos camposantos.

Respecto a la cremación, el forense mencionó que esto no se maneja como primera opción, ya que hay pocos hornos especiales para el efecto y además porque no forma parte de nuestra costumbre. “Hay que respetar la voluntad. La primera opción es el entierro. Recién cuando no haya capacidad de respuesta de las funerarias, se tendrá que optar por la cremación”, indicó.

Al respecto, contó que el horno de la Senad –destinado para la destrucción de las drogas- tiene la capacidad de quemar seis cadáveres por día. “Este horno es una belleza en cuanto a sus características técnicas. Tiene un sistema especial que emite solo valor sin químicos. En principio plantearemos que pueda usarse para quemar los residuos patológicos de los pacientes enfermos con el virus”, dijo.

“Me encantaría que nunca usemos todo esto que planificamos. Está en mano de cada uno de nosotros, como no salir a no ser que sea indispensable. La mejor muestra de cariño es la distancia. Por todo el año ni tenemos que compartir el tereré”, esgrimió en otro momento.

Por otra parte, Lemir aclaró que en el marco de la pandemia, toda persona con infección respiratoria grave es tratada como sospechosa de coronavirus aunque no lo sea. “No se alarmen cuando se adoptan los protocolos”, pidió.

Por último instó a la población a no autosuministrarse medicamentos sin que un médico lo haya recetado.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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