En el SNT, el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, aseguró que es víctima de una persecución política “inmisericorde” dentro del Partido Colorado. “Soy un objetivo político de ese movimiento, hay que sacar a Rodolfo a como dé lugar”, alegó.

Defendió que en el 2016-2017 adjudicó el almuerzo escolar para 58 colegios a “la empresa más barata”, sin mencionar que justamente era la firma donde él había aportado dinero de capital y recibía su porcentaje a costas del alimento de los estudiantes, según reveló Hugo Alejandro Torales, el prestanombre arrepentido.

Respecto a la denuncia del político Cándido Aguilera, quien refirió que Friedmann enviaba 30 platos de comidas pero los directores hacían figurar 300, el exgobernador indicó que para ello tendría que haber sobornado a muchísima gente.

En otro momento justificó que pagó dos meses antes de su boda a la empresa proveedora de los alimentos porque Hacienda tardó en transferir los fondos.

SU RELACIÓN CON EL PRESTANOMBRE

“Lo conozco a Hugo Torales. Primero aparece en calidad de no sé qué, no sé si en carácter de denunciado, denunciante, arrepentido, que es el dueño, que le presté el dinero, que se confabuló con el banco…”, dijo.

No contestó en qué contexto se dieron las conversaciones con Torales, donde pedía su parte del dinero. Prometió mostrar luego sus pruebas.

Consultado sobre si fue socio comercial de Hugo Alejandro Torales, sostuvo: “no fui socio ni accionista ni prestamista en esa sociedad que se menciona que proveía el almuerzo escolar, la empresa Eventos y Servicios. Esos audios fueron sacados de contexto, fueron editados y recortados”. Le preguntaron si entonces corresponden a conversaciones de otros negocios que hizo con Torales. A lo cual respondió: “Si yo saco todas mis pruebas, va a terminar finalmente en un tema mediático, cosa que no quiero hacer. Esa respuesta la tiene mi abogado. Sí puedo asegurar, dar la seguridad absoluta que tenemos toda la conversación de los audios, de lo que se estaba conversando y no algo armado”.

Friedmann sostuvo que habló con el presidente Mario Abdo para darle explicaciones, le entregó copias de su gestión del almuerzo escolar y le anunció que iba a iniciar acciones legales. En ese sentido mencionó que presentó una querella criminal contra Hugo Torales, el testaferro arrepentido, y una denuncia ante la Fiscalía para que investigue “por qué se está instando una denuncia falsa” desde los medios de prensa.

CHICANAS

El lunes la defensa de Friedmann recurrió a diversas maniobras judiciales en el marco de la investigación que se lleva en su contra por su gestión al frente de la Gobernación del Guairá. Al respecto, el político dijo que desconfía de la celeridad con la que actuó el fiscal Osmar Legal, quien lleva la titularidad de la causa en la que se lo investiga tras un informe de la Contraloría General de la República por su gestión como gobernador de Guairá.

EL ESCÁNDALO

En la entrevista exclusiva concedida al programa La Caja Negra, Hugo Alexander Torales, exsocio comercial del actual ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, había confesado que éste había realizado un aporte de G. 1.700 millones para capitalizar la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima (ESSA), creada originalmente con la participación del diputado Ever Noguera (ANR) para la provisión del almuerzo escolar en el departamento de Guairá, coincidentemente, cuando Friedmann era gobernador.

Sin embargo, el aporte de Friedmann sería con una condición: tenían que ser su banquero y su contadora los que manejen el sistema operativo de la empresa, para que él pueda tener el control de lo que estaba pasando con la firma.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.