Hoy nuevamente el procesado senador en un segundo video habla sobre la sobrefacturación en el almuerzo escolar en el departamento del Guairá y niega totalmente que eso haya existido. Friedmann quien habla con medidas verdades, dice que cuando fue gobernador del Guairá solo firmó un contrato para la provisión del almuerzo escolar y que le otorgó el mismo a la empresa que hizo la menor oferta, ESSA. Es verdad que solo firmó un contrato, lo que es mentira es que haya sido a la menor oferta y eso queda evidenciado en el documento que tiene su firma.

El político en poco más de 5 minutos de filmación se pasa atacando a los medios cartistas a los que trata de sicarios, pero no explica por qué todos estos argumentos no los lleva a la justicia para demostrar su supuesta inocencia.

Desde el 31 de agosto Rodolfo Friedmann y otras cinco personas de su entorno están imputadas por el Ministerio Público y desde ese mismo día el combo de abogados que tienen traba sistemáticamente la marcha del proceso. Si en verdad el senador tiene todas las pruebas que demuestran que no cometió los hechos punibles por los que se le procesó por qué no los expone en el ámbito judicial que es el único que le está persiguiendo.

Friedmann se niega a presentarse a declarar ante la Fiscalía, ahora no quiere cumplir con las reglas de conducta que se le impuso al momento de otorgarle medidas alternativas a la prisión, pero si con un equipo de asesores se pasa el tiempo haciendo videos que levanta a sus redes sociales donde dice tener todas las pruebas que demuestran que es un perseguido político e inocente de los cargos en su contra, pero llamativamente no las expone ante la justicia.

Las acusaciones contra Rodolfo Friedmann y que las produjo el Ministerio Público, no son mediáticas, sino jurídicas señalan que existen serios indicios que el actual senador es dueño de ESSA y basan su teoría primero en las declaraciones del ex socio de Friedmann, Hugo Alexander Torales, quien afirma que el que manejaba la empresa era el senador y que se llevaba el 80% de las ganancias.

Eso a su vez queda evidenciado en el momento en que Rodolfo Friedmann usa el dinero de las cuentas bancarias de ESSA para comprarse vehículos de alta gama, pagar por costosas joyas, hacer viajes de placer con su familia y hasta adquirió obras de arte que fueron todas pagadas con cheques de la empresa que en los papeles era de otras personas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.